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| El Columnista

En torno al Vice

mi Julio María SanguinettiPor Julio María Sanguinetti

Los recortes de derechos ciudadanos sólo pueden introducirse mediante normas expresas y claras, de interpretación estricta. Y en la duda, en todo caso, prima el principio de libertad.

La designación del profesor Robert Silva como candidato a vicepresidente por el Partido Colorado ha sido recibida con alegría por la generalidad del Partido.

Se ha planteado el tema de si le cabe a él la norma que le impone a los Directores de Entes Autónomos renunciar un año antes para poder ser candidatos a “a legisladores”.

Entiendo que el debate no se está planteando como se debería: todo ciudadano (art. 77º) es elector y elegible para participar en “la elección de los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo, del Presidente y del Vicepresidente de la Republica”.

Es un derecho fundamental, que solo podría limitarse —como todo derecho— por una prohibición expresa y clara, de interpretación estricta como cualquier norma de esa naturaleza.

¿Existe esa norma expresa, que refiera al cargo de vicepresidente? No. La referencia del artículo 201 es a “legisladores”.

Esta norma venía de la Constitución de 1951 y establecía la prohibición para que los Directores se postularan a “Representantes”, debiendo renunciar diez meses antes para poder hacerlo. En la Constitución de 1967 se amplió el plazo a un año y se extendió la prohibición a todos los “legisladores”. O sea que la intención del constituyente fue inequívoca: se agregaron los Senadores. Fue eso y nada más.

De haberse querido extender la prohibición al Vicepresidente se hubiera hecho expresamente, como ocurre con la prohibición de ser Representante o de postularse para la reelección. Todas las prohibiciones del Vicepresidente están establecidas clara y expresamente, como es de rigor.

Resulta bastante evidente que cualquier prohibición tiene que ser expresa y clara. Invocar ahora que el vicepresidente es un “legislador” y está comprendido en la norma es traer de los pelos una forzada argumentación. En todo caso, la figura institucional del vicepresidente aparece en el Capítulo del Poder Ejecutivo; es elegido por el mismo método del presidente y no el de los legisladores; su remuneración la fija la Asamblea General igual que al Presidente; asume y hace su “promesa de fidelidad constitucional” el 1º de marzo y no se incorpora al Senado el 15 de febrero como los 30 electos para ese cuerpo.

Para nosotros está claro que no es un legislador sino un colegislador, como lo es el presidente, que no posee voz y voto, pero tiene iniciativa legislativa y nada menos que poder de veto. Pero, aunque sea discutible, lo que no se puede perder de vista es que no es justo privar a alguien de un derecho fundamental porque exista una duda. Esto es de principio: la duda no puede jamás funcionar en contra de un derecho fundamental. Y son esos principios generales los que deben resplandecer, sin perderse en debates secundarios y hasta anecdóticos.

 

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