Un caso de presunta financiación ilegal al partido Alianza PAIS, que gobernó durante 10 años en Ecuador, ha ido nutriéndose en los últimos tres meses de indicios sobre sobornos hasta conseguir este jueves la implicación del expresidente Rafael Correa.

La Corte Nacional ha dictado orden de prisión preventiva contra el exmandatario y ha pedido que se oficie a la Interpol una orden de busca y captura. Correa vive en Bélgica desde mediados de 2017, pero ha cambiado de domicilio sin notificar a las autoridades del país latinoamericano. Además de Correa, están procesados en el mismo caso su ex vicepresidente Jorge Glas, sus exministros Walter Solís, María de los Ángeles Duarte y Vinicio Alvarado, su exsecretario jurídico Alexis Mera y una veintena de altos cargos y funcionarios del gabinete anterior.

Es la segunda orden de prisión preventiva contra el expresidente, que fue implicado el año pasado en un proceso judicial por el secuestro de un asambleísta opositor hace siete años en Colombia. Ese caso, que está en fase de juicio, está suspendido para el exjefe de Estado y no puede avanzar debido a su ausencia. El fundador del movimiento de la Revolución Ciudadana se niega a comparecer ante los tribunales, alegando que es un perseguido político del Gobierno de Lenín Moreno, pese a que este fue sucesor de Correa en el partido y en la presidencia del país. La Interpol rechazó la primera solicitud de difusión roja que recibió desde Ecuador por el caso del secuestro.

Ahora, la Fiscalía cuenta con una serie de indicios documentales que proceden de la asesora presidencial de Correa y su asistente para sustentar la sospecha de sobornos. Entre cuadernos, chats, correos electrónicos, facturas y una especie de bitácora de aportes de campaña y movimientos de dinero dentro de Alianza PAIS, el Ministerio Público ecuatoriano ha esbozado un caso en el que señala a Correa como líder de una “organización criminal” que recibía sobornos de empresas a cambio de contratos públicos. El expediente judicial habla de un concurso real de delitos por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita que suman hasta 15 años de prisión.