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Por Álvaro Diez de Medina. Abogado, historiador, periodista y diplomático. Ex embajador uruguayo en los Estados Unidos en 1995.
Nada retrata mejor al régimen frenteamplista como lo que viene de ocurrir con la salteña fundación IMCOS y sus Aldeas de la Bondad. Fundada en un año en el que, supongo, para el frenteamplismo nada existía, como lo fuera 1978, esta fundación viene desde entonces silenciosamente sirviendo a un núcleo duro de la tristeza: el de personas que adolecen de enfermedades y condiciones irreversibles, imposibles de enfrentar por familias de menguados recursos, abandonadas al olvido por una sociedad cuya reserva de compasión, tiempo o atención mengua de la mano de su inevitable modernidad.

Eso explica que las Aldeas de la Bondad hayan tenido a su cargo, por ejemplo, niños abandonados con parálisis cerebral que, treinta o cuarenta años después, vegetan sin otra esperanza que la obra iniciada por Norma Rearte: 103 personas en Salto, 45 más en Paysandú.

¿Cómo se sostiene este castillo de arena de caridad? No lo hace. Apenas galguea con el tiempo y el esfuerzo de quienes nada podrían sacar por hacerlo, salvo la satisfacción de haber llevado el alivio de la compasión a quienes no pueden ni siquiera pedirla. Con el esfuerzo de trabajadores que saben, por cierto, que no son feudatarios de Ancap. Con donaciones. Con la dádiva estatal.

Ya no más.  Porque al pensamiento único que rige en el Ministerio de Desarrollo Social que el frenteamplismo ha puesto bajo control comunista, la existencia de emprendimientos privados, a través de los cuales se exprese esa creciente rareza, la atención por el prójimo, le resulta un anatema.

Formado en la matriz del dirigismo stalinista, inspirado en una visión militarista y sectaria de la asistencia social y, por sobre todo, en un apremio por hacer de la miseria humana la justificación de una burocracia, esa sí bien rentada, a través de la cual uncir a los más desventurados al yugo de su fantasía ideológica, este espasmo autoritario erradicará, a cualquier costo, todo esfuerzo no regimentado por aliviar el sufrimiento humano.

Esto es lo que explica que sea el mismo régimen que hace gárgaras con categorías amañadas, como las de la “inclusión”, la “solidaridad”, o las “cartas de derechos”, el que, usando la misma boca, nos diga, tal como lo hiciera la ministro Marina Arismendi en ocasión de haber dispuesto el cierre del Centro “Tiburcio Cachón” para ciegos, o en ocasión del traslado de pacientes de las Aldeas de la Bondad a Montevideo y Canelones, que todo ello se hace por razones “puramente económicas”.

Y hasta aquí, la ministro es meramente culpable de hipocresía. Lo que los stalinistas del Mides y sus réplicas en el directorio del INAU han olvidado, empero, es que, como nos enseñara el novelista John Le Carré, “una vez es un evento; dos es una casualidad. Tres es una conspiración”. Que es lo que viene de ocurrir con tres de los pacientes trasladados desde las Aldeas a bordo del Hércules C130 de la FAU: Ivonne, de 37 años, Tamara, de 33, Ricardo, de 26. Tres seres humanos desesperadamente dependientes de otros, abandonados a la mera misericordia de los demás, arramblados a su vaticinada muerte por la ciega e inflexible decisión de una burocracia emperrada y sin alma.

¿Cabe imaginar el terror de alguien hundido en la incapacidad y soldado a una cama por 30 años, al ser trasladado por el aire, desde lo único que ha conocido? Tres seres humanos han ido, pues, a engrosar lo que Stalin llamaría una “mera estadística”.

Y lo han hecho sin merecer siquiera el responso de un arrepentimiento: se lo negó, con característica soberbia, la ministro Arismendi, al defender sin rubor las medidas que causaran estas muertes, tal como ya lo hubiera hecho en ocasión del desalojo entre lágrimas de un grupo de ciegos cuyo pecado era vivir en una casa perteneciente a particulares, y que, como afirmara el diputado Eduardo Rubio, hubiera podido permanecer en su hogar por cinco años más con el solo aporte de lo incinerado en la fiesta que organizara el directorio de Ancap de Raúl Sendic el día en que inaugurara, en beneficio de La Cámpora, la planta desulfurizadora por la habría pagado el doble de su valor.

O, por mejor decir, Arismendi sí brindó su responso: el de la mentira. Al afirmar que las Aldeas eran escenario de un “foco epidemiológico” que el sindicato de sus trabajadores y los médicos tratantes tajantemente desmienten, y su escudera Ana Olivera se viera forzada, al cabo, a desmentir. Al afirmar que Salto padece de ese foco, para noticia de sus habitantes. Al afirmar que otro paciente había muerto antes de ser trasladado, lo que también desmienten los doctores Ricardo Scaparoni y Felicia Torres. Y al hacerle afirmar a su otra compañera de aventuras y presidente de ASSE, Susana Muñiz, que la Dra. Torres había autorizado por escrito un traslado que esa misma médico expresamente denunciara por escrito como peligroso para personas postradas en las Aldeas, en algún caso, desde hace más de 30 años.

¿Se necesita, realmente, ser médico para entender que tal traslado implicaba un riesgo de vida para un organismo tan minado? A esta ofuscación y vergüenza es a lo que el régimen llama, en su respuesta a tres innecesarias muertes … ¡sus “políticas de sanidad gubernamental”! Una formulación arrojada al rostro de todos los ciudadanos con la misma, serena, complacencia con la que el ministro de Transporte le explicara que el imaginario plan de obras públicas del gobierno frenteamplista no ha podido ejecutarse en razón de inesperados eventos ocurridos en 2016, como lo son temporales, inundaciones … ¡y hasta un “terremoto”(sic)!

Nos queda ahora bien claro que para el frenteamplismo y su gobierno los derechos de los seres humanos que conformamos este país le tienen sin cuidado: ni los de los que gimen bajo el crimen desbordado, ni los de los que, a razón de cuarenta por año, mueren en sus cárceles, ni los de aquellos que dan la vida por el capricho de un escritorio.

A este régimen de credenciales tan impecablemente stalinistas es al que le pregunto, con la misma angustia con la que se dirigiera el abogado Joseph N. Welch al senador Joseph McCarthy en 1954: “Ya hizo lo suficiente. ¿No tiene, Ud. señor, sentido de la decencia? Al fin de cuentas, no le queda ya ningún sentido de la decencia?”

El artículo de Álvaro Diez de Medina fue publicado ayer en el Diario El Observador de Montevideo pero también fue expresamente autorizado por al autor para ser reproducido en LA PRENSA.

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