El reciente “Diálogo Social” convocado por el presidente Yamandú Orsi dejó al descubierto una peligrosa tendencia: reemplazar las instituciones republicanas por espacios de participación artificiales, diseñados a medida del oficialismo. Lejos de ser un ámbito plural y representativo, el encuentro nació con la mesa ya servida, los comensales asignados y una escandalosa sobrerrepresentación del Frente Amplio. Como en una parodia institucional, se intentó crear una suerte de “parlamento paralelo” sin legitimidad, ignorando a quienes efectivamente representan la voluntad popular expresada en las urnas.

Los partidos Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana marcaron una línea clara: no se prestarán a un simulacro de institucionalidad. “Para eso está el Parlamento”, señalaron con contundencia. Y tienen razón. No se trata de una negativa caprichosa ni de soberbia, como intentaron sugerir algunos voceros frentistas, sino de una defensa firme de la democracia representativa. Las leyes se debaten y se votan en el Poder Legislativo, no en mesas de diálogo montadas para la foto o el control del relato.

El punto más sensible del fallido diálogo ha sido, sin dudas, la intención de revisar la ley de reforma jubilatoria, aprobada legalmente durante el período pasado y ratificada en los hechos por el voto ciudadano en dos instancias recientes. Pretender derogar o modificar una ley vigente, sin siquiera presentar un proyecto formal ante el Parlamento, constituye no solo un atropello institucional, sino también una falta de respeto a la voluntad de la mayoría. La democracia no se improvisa ni se reemplaza por rondas de conversación bienintencionadas pero vacías de legitimidad.

No todo fue un desatino. La reunión entre Orsi y los líderes opositores permitió, al menos, que se trazaran límites y se establecieran condiciones. Hubo apertura para discutir temas urgentes y prioritarios —como empleo, seguridad, pobreza infantil  y educación— siempre que se respete la institucionalidad y se canalicen los cambios por los carriles formales. El diálogo, en democracia, es necesario. Pero debe estar bien enfocado: no se puede pretender “reimaginar” la política desde un escenario paralelo, cuando ya existe un Parlamento elegido por el pueblo para debatir, acordar y decidir.

El episodio deja lecciones. Primero, que la oposición está unida y firme en la defensa del sistema republicano. Segundo, que el gobierno debe evitar caer en la tentación populista de imitar modelos autoritarios —como el venezolano— donde el Ejecutivo se convierte en el árbitro de todas las conversaciones. Y tercero, que si se quiere un diálogo real, se debe partir del respeto mutuo y de la institucionalidad, no del montaje escenográfico.

Tal vez las próximas semanas marque un punto de inflexión. Tal vez el oficialismo comprenda que no se gobierna con gestos, sino con hechos concretos dentro de las reglas del juego. Ojalá así sea. Porque si algo necesita hoy el Uruguay, es diálogo auténtico, pero sin trampas ni atajos. Y sobre todo, con el Parlamento —el verdadero foro del pueblo— como centro de la vida democrática.