El país está siendo azotado por una organización mafiosa conocida como “Los Colombianos”, dedicada esencialmente a la colocación de dinero mediante préstamos usurarios bajo la modalidad: “gota a gota”. Su esquema consiste en entregar pequeñas sumas de dinero y cobrar intereses abusivos de manera diaria, imponiendo como única garantía la extorsión, la coacción y la sumisión del deudor. La situación reviste una gravedad social extrema. Lo insólito es que, pese a la notoria visibilidad — impunidad— con la que actúan, las autoridades no han tomado medidas concretas.

En otros Departamentos actuó la Policía Nacional. En la zona de frontera, la Regional Norte, junto con la Jefatura de Paysandú, llevó adelante la denominada Operación “SIRIRI”. Asimismo, las Jefaturas de Policía de Rivera, Artigas y Lavalleja, junto con la DGIIP, la DGHC, INTERPOL y la Guardia Republicana, bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de 3er Turno de Rivera, realizaron 17 allanamientos, deteniendo a 17 personas e incautando vehículos, tarjetas bancarias y publicitarias, dispositivos electrónicos, agendas con registros de maniobras ilícitas y dinero.

La pregunta obligada es: ¿qué pasó con la mafia que opera en Salto? La respuesta, lamentablemente, es que no pasó nada. La pasividad estatal es inaudita. La presencia de esta organización es tan pública y evidente que no puede justificarse la demora, basta concurrir a comercios de pequeño porte para encontrar a cobradores exigiendo el pago diario. Alcanza con colocar un par de cámaras para identificarlos y desarticularlos.

El daño social es enorme. Colocan dinero ilegal —que ingresa al país burlando todos los controles— precisamente en los sectores más vulnerables, especialmente pequeños comerciantes excluidos del sistema formal de crédito. Día a día los someten a un calvario, se presentan en los comercios, intimidan y se llevan lo que haya. Los clientes, atemorizados, dejan de concurrir y esos pequeños negocios terminan cerrando o trabajando exclusivamente para la mafia.

La operativa de “Los Colombianos” reproduce el mismo patrón criminal que organizaciones transnacionales, operan inicialmente en barrios, ferias y pequeños comercios, realizan un cobro diario, lo que les permite un control territorial permanente. Tienen una red de vigilancia y presencia constante, disfrazada de actividad comercial. El flujo de caja diario les permite la compra de armas, logística, sobornos, lavado de dinero y expansión territorial. Los deudores iniciales que no pueden cancelar se vuelven en colaboradores forzados, siendo obligados a transportar drogas, vigilar zonas, realizar cobros o aportar información. En definitiva, el crédito usurario funciona como un mecanismo de dominación, un sistema de reclutamiento y una herramienta para legalizar dinero ilícito bajo la fachada de “cobranzas diarias”.

Resulta sintomático que, mientras los profesionales deben investigar operaciones legítimas de sus clientes, productores rurales, comerciantes, emprendedores bajo la lupa de la SENACLAFT, estas mafias lavan dinero, extorsionan, reclutan, trafican y realizan inteligencia a plena luz del día, sin que se adopte medida alguna.

Si el Estado no actúa de inmediato en Salto —incautando su dinero, bienes y redes logísticas, y encarcelando a sus referentes—, estas organizaciones alcanzarán en poco tiempo un poder económico y social capaz de comprar conciencias, incluso de quienes tienen el deber de protegernos. Es oportuno recordar lo afirmado por Rudy Giuliani, el célebre alcalde de la ciudad de Nueva York: “El crimen crece cuando el Estado mira para otro lado. La seguridad no es un derecho abstracto: es una decisión política que se toma o se evita.”