La participación ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento territorial uruguayo. Desde la aprobación de la Ley Nº 18.308, el sistema de planificación territorial incorporó de manera explícita la necesidad de abrir los procesos decisorios a la sociedad, reconociendo que las transformaciones del territorio solo alcanzan legitimidad cuando quienes habitan y producen esos espacios pueden influir en su diseño, gestión y evaluación. La ley no solo promueve la participación: la exige como condición de validez de los instrumentos territoriales.

Sin embargo, más allá del marco jurídico, la participación efectiva implica desafíos que trascienden lo normativo. Los procesos participativos requieren capacidad institucional, cultura democrática, transparencia, disponibilidad de información y recursos adecuados. Las experiencias internacionales muestran que, aun cuando existen normas claras, persisten brechas entre lo previsto y lo que ocurre en la práctica. Esto también ocurre en Uruguay, aunque con particularidades propias.

Las dificultades más frecuentes tienen relación con la limitada apropiación ciudadana del ordenamiento territorial. En muchos casos, la población percibe estos procesos como técnicos o lejanos, y la participación se reduce a audiencias con escasa incidencia real. Tal como reflejan estudios en otros contextos latinoamericanos, la falta de capacitación, la débil comunicación institucional y la ausencia de mecanismos permanentes afectan la continuidad y calidad de la intervención ciudadana.

Otro aspecto relevante es la asimetría entre territorios. Mientras algunas intendencias han avanzado en espacios deliberativos estables, otras dependen casi exclusivamente de las etapas obligatorias —exposición pública y audiencia— sin desarrollar instancias más profundas de co-diseño o seguimiento. Esto genera un mapa heterogéneo de participación, donde el acceso a la toma de decisiones varía según los recursos del gobierno departamental o municipal.

A pesar de ello, Uruguay posee condiciones favorables: un marco legal fuerte, sistemas de planificación consolidados, Intendencias con competencias claras y una ciudadanía con tradición organizativa. Aprovechar este potencial implica fortalecer capacidades locales, profesionalizar la gestión participativa, integrar herramientas digitales y asegurar que la participación sea vinculante o, al menos, influyente.