La oficina encargada de otorgar la tenencia y porte de armas (THATA) vuelve a estar en el centro de la polémica. Aunque la investigación anterior —cerrada en diciembre de 2024 y que terminó con tres condenados: dos policías y un civil— no tiene relación con lo que ocurre ahora, lo cierto es que el área vuelve a quedar bajo la lupa pública.

En este nuevo caso, todo habría comenzado con la denuncia presentada por un funcionario policial, quien señaló a un compañero que trabaja en la propia oficina de Jefatura encargada de estos trámites. Según fuentes confiables, este funcionario habría recibido dinero de un particular a cambio de facilitar la obtención del documento de tenencia y porte de armas.

La Fiscalía ya dio el primer paso: la investigación fue formalizada por un presunto delito de cohecho, y el proceso recién empieza en el Poder Judicial. Lo más delicado es que existirían imágenes clave, consideradas un elemento probatorio fundamental para esclarecer la situación.
De acuerdo con la información recogida, el particular involucrado —aparentemente una persona del interior rural— habría reconocido haber entregado una suma importante de dinero para obtener el documento.

Mientras avanza la investigación, Jefatura de Policía emitió un informe oficial que confirma la resolución judicial: El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto dispuso formalizar la investigación seguida por la Fiscalía de Cuarto Turno contra un hombre mayor de edad, imputado por la presunta comisión de un delito de cohecho simple en calidad de autor.

Aunque esto recién comienza, el caso vuelve a encender las alarmas sobre la transparencia y el control en el proceso de entrega de permisos de armas.