Un connotado político expresó alguna vez que, en cualquier escenario de coalición, el partido ganador debe reservarse al menos los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y Economía. El transcurso del tiempo ha demostrado el acierto de esa postura. Las relaciones exteriores son un componente esencial para el éxito de un gobierno y, fundamentalmente, para el desarrollo de la nación.

Uruguay necesita exportar todo lo que produce debido a que su escala poblacional es pequeña y, actualmente, empobrecida. Por lo tanto, el país requiere vínculos internacionales y socios comerciales confiables que aseguren negocios a largo plazo, permitiendo a los productores proyectar e invertir con certeza.  Requiere además de experiencia para lograr el respeto internacional de una nación pequeña como la nuestra.

Históricamente, la Cancillería funcionó como un ministerio de consenso. El primer canciller de la pos dictadura fue Enrique Iglesias, propuesto por Wilson Ferreira Aldunate a Julio María Sanguinetti. Iglesias ha sido, sin lugar a dudas, la figura más relevante en ese cargo: gozaba de un prestigio internacional e interno indiscutible. A su gestión la sucedieron otros ministros prestigiosos como Héctor Gros Espiell (1990–1993), Sergio Abreu Bonilla (1993–1995) y Didier Opertti (1998–2005).

Sin embargo, el declive del Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó con la llegada de Reinaldo Gargano (2005–2008). Gargano asumió el cargo durante el gobierno de Tabaré Vázquez debido a la distribución de cupos políticos entre los distintos sectores del Frente Amplio. Aunque contaba con décadas de experiencia en la dirección política y sindical, carecía de formación en materia internacional, salvo por su participación en comisiones parlamentarias. Al actuar bajo una lógica estrictamente partidaria, frustró el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos que el país aún anhela; el tren pasó y el ministro decidió no subir al país por razones ideológicas.

Con las excepciones de Ernesto Talvi y Omar Paganini, los cancilleres más recientes han actuado con una liviandad absoluta. Francisco Bustillo, además de verse envuelto en el escándalo del pasaporte otorgado a Sebastián Marset, desperdició todo su período persiguiendo un TLC con China. Lo hizo a sabiendas de que era inviable porque los socios del Mercosur no lo aprobarían; al final, bastó una llamada de Lula da Silva para frustrar las aspiraciones uruguayas.

Actualmente, la Cancillería está ocupada por Mario Lubetkin, periodista internacional de profesión, y los problemas no tardaron en aparecer. Su gestión debuta con una modificación en el pasaporte uruguayo que generó consecuencias negativas en el visado de estudiantes y en los permisos de permanencia en el exterior. A pesar de que el ex canciller Paganini le advirtió sobre estos riesgos, Lubetkin rechazó los argumentos con soberbia y se mantuvo firme hasta que la propia realidad lo obligó a reconocer su error.

Lo más grave de la conducción actual es que Uruguay parece haber perdido la dignidad en la defensa de su soberanía. Recientemente, la Embajada de Argentina en Uruguay envió una nota a la Cancillería expresando su rechazo a un espacio dedicado a las Islas Malvinas dentro del pabellón británico en la Expo Prado. El gobierno argentino objetó el uso de la denominación británica y la distribución de material con contenido político. Ante este episodio, la respuesta natural debió ser la devolución inmediata de la nota, presentando una protesta formal por la intromisión en los asuntos internos del país. Lamentablemente, el proceder fue opuesto. La Cancillería trasladó el planteo argentino a las presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes, sugiriendo además que, si los parlamentarios concurrían a la Expo Prado, evitaran contactos de carácter oficial con los representantes de las islas. El ministerio no se limitó a informar al Parlamento sobre la queja; incluyó una recomendación explícita sobre cómo debían comportarse los legisladores uruguayos. No se recuerda un hecho más bochornoso: un canciller aceptando directrices extranjeras y trasladándolas al Poder Legislativo.