El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ayer, antes de las declaraciones de Lacalle Pou y de la conferencia del Partido Nacional, admitió que existe la “posibilidad de una mediación” en el contrato, mecanismo que van a utilizar. “porque el Estado uruguayo respeta el Estado de derecho". Tras lo que sostuvo que "Así como somos duros en exigir que no puede haber un contrato sin garantía, somos los primeros interesados en recorrer los caminos que están establecidos en el contrato en la cláusula, que obliga al contratista y el Estado a resolver ese camino". Así, insistió en que enfatizó que van "a recorrer el camino del Derecho" porque, por no hacerlo, se está en "este problema".

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, hasta ayer, se había limitado a defender su gestión a través de su red social o por algún discurso en actos del Partido Nacional. Pero ayer, decidió volver al ruedo de la política partidaria. Lo hizo en rueda de prensa sin medias tintas, en línea con la posición del Partido Nacional, luego de que el gobierno del presidente Orsi, denunciara el incumplimiento del contrato por parte de Cardama, al haber presentado una garantía “trucha” emitida por un banco inexistente y de “papel”.

​​El caso de la garantía presentada por el astillero Cardama ante el gobierno uruguayo sumó un nuevo capítulo. El notario español Luis Calabuig de Leyva, cuyo nombre figura en el acta que acompañaba esa garantía, aseguró que el documento “debe ser una falsificación”. El texto, fechado el 15 de noviembre de 2024, certificaba que un representante del EuroCommerce Bank tenía poderes para firmar una garantía de fiel cumplimiento por más de 4 millones de euros. Esa garantía era condición esencial para activar el contrato de 82 millones de euros firmado en diciembre de 2023 entre Uruguay y Cardama para construir dos patrullas oceánicas. La firma del supuesto representante, Alex Walsh, y la procedencia del banco ya habían despertado dudas en el estudio Delpiazzo Abogados, que asesoraba al gobierno. El informe advertía que no se podía acreditar la representación de Walsh ni la validez del documento, ya que no estaba apostillado ni certificado. A esa observación se agregó luego el acta notarial atribuida a Calabuig de Leyva, en la que otro español, Francisco Sabater Cabanes, declaraba que Walsh tenía poderes para firmar en nombre de EuroCommerce LTD.

Comisión por permiso de conducir por puntos

Quedó instalada la comisión de seguimiento del nuevo permiso nacional de conducir por puntos, que comenzará a regir en 2026. El organismo se reunió en Torre Ejecutiva junto a la Unasev y el Congreso de Intendentes. Tendrán a su cargo el control de los procesos y desarrollos del sistema, la definición de infracciones gravísimas y la elaboración del Programa de Recuperación de Puntos. En 25 días se volverá a reunir para analizar los avances informáticos y la integración de datos de las libretas actuales. Todo en el marco de un sistema que apuesta a cambiar y mejorar la cultura vial.

La fiscal especializada en Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, Sandra Fleitas, fue designada para investigar la denuncia presentada por el Poder Ejecutivo por presunta estafa en el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas. La asignación se hizo mediante un sistema aleatorio que se aplica una vez que la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía determina la especialización correspondiente según los hechos denunciados. En este caso, al tratarse de un posible delito económico, la DPA derivó la causa a una de las fiscalías de Delitos Complejos, donde mediante sorteo, se adjudicó la investigación a Fleitas. Según la Fiscalía, este procedimiento garantiza mayor transparencia y evita que quien presenta una denuncia pueda influir en la designación del fiscal a cargo, una práctica que era posible bajo el sistema anterior.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó una nueva campaña para prevenir infecciones de transmisión sexual, con la participación de referentes de la música, el deporte y la comunicación. La iniciativa busca concientizar sobre el uso de preservativos, el testeo oportuno y la vacunación.

La sífilis es el principal foco de preocupación: en 2024 se confirmaron más de 7.000 casos, con especial impacto en jóvenes de entre 15 y 24 años, embarazadas y recién nacidos. Cada año, unos 200 bebés son diagnosticados con sífilis congénita en Uruguay.

Una enfermedad curable

El MSP recordó que se trata de una enfermedad curable y con tratamiento disponible en todo el país, pero destacó la necesidad de detectar los casos a tiempo. También llamó a reforzar la protección y aprovechar las vacunas contra hepatitis A, hepatitis B y HPV, que forman parte del esquema nacional de inmunización.