La situación financiera y administrativa de la Intendencia de Salto ha quedado expuesta con crudeza. Lo que hoy aflora no es otra cosa que la consecuencia de una década marcada por la improvisación, la falta de prioridades reales y el uso de la gestión pública como trampolín para ambiciones personales. Salto fue relegado. No se lo administró; se lo dejó en pausa, o peor aún, se lo utilizó como plataforma para otros fines. Los resultados están a la vista: deudas millonarias, caminos destruidos, maquinaria inutilizada y una ciudad que parecía haber perdido el pulso.

Hace un tiempo nuestro Vespertino difundió el movimiento de ex sacerdotes que se había extendido en su accionar a todo el Uruguay. Incluso tuvieron una jornada de intercambio y confraternidad en la zona de Termas del Daymán donde se trataron varios temas como la reinserción en la comunidad, el tener familia, el aparecer con hijos, el buscar y encontrar trabajo, todos puntos clave en la vida de una persona y más cuando se tenía una vida consagrada al culto católico y cristiano.

Cuando se acaban los argumentos, comienzan los agravios. Y eso fue exactamente lo que hizo el ministro Alfredo Fratti, incapaz de justificar una decisión injustificable, recurriendo a la descalificación personal para tapar su propia ineptitud. En lugar de explicar con claridad por qué suspendió la exportación de ganado en pie —medida que ha generado rechazo transversal—, decidió atacar a Pedro Bordaberry.

Esta semana se concretó la primera reunión oficial entre la Intendencia de Salto y el sindicato de trabajadores municipales, ADEOMS. Fue un encuentro cordial, donde se manifestó la intención de mantener el diálogo. Es un buen gesto, sin dudas, y uno esperaría que ese diálogo tenga como centro los verdaderos problemas que afectan a los trabajadores y al funcionamiento del gobierno departamental.

Hay gobiernos que enfrentan desafíos complejos con determinación y otros que se especializan en convertir lo sencillo en un laberinto. Uruguay, en los últimos meses, parece estar atrapado en este segundo caso. Con una capacidad casi admirable para desandar lo avanzado, contradecirse sin rubor y generar conflictos donde no los había, el gobierno transita un camino marcado por decisiones erráticas y retrocesos que minan la confianza ciudadana.

El caso del proyecto Arazatí es simbólico. Una solución para diversificar el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana, que contaba con estudios, planificación y hasta cronograma de ejecución, fue desmontada de golpe. Volvemos al punto de partida: nuevas conversaciones, rediseños y ninguna certeza. Si una sequía como la de 2023 vuelve, el drama será el mismo. 

La oportunidad de avanzar se dejó pasar, y el precio lo pagará la gente.

En el ámbito productivo, la reciente decisión de prohibir la exportación de ganado en pie generó un cruce público entre dos ministros. En vez de explicaciones técnicas, hubo desacuerdos expuestos sin filtros. Lo que debería ser una política clara y coordinada terminó en una pulseada política.

A esto se suma el bochorno de los pasaportes sin lugar de nacimiento. Los argumentos oficiales son pueriles y el daño a los ciudadanos, real. En lugar de corregir de inmediato, se optó por dejar que los afectados continúen con un documento limitado, con la promesa difusa de negociaciones internacionales que no llevarán a nada. Una burocracia sádica, que niega el sentido común.

El “diálogo social” por la seguridad social es otro ejemplo. Se pretende deslegitimar una ley ratificada por el voto popular hace menos de un año. 

Ignorar ese pronunciamiento soberano y reemplazarlo por una mesa desbalanceada y corporativa, es desconocer la voluntad ciudadana y degradar las reglas democráticas.

No menos preocupante es la marcha atrás con el decreto que otorgaba reconocimiento a universidades privadas. Instituciones consolidadas, con décadas de trayectoria y prestigio académico, son ahora puestas en duda por decisiones políticas que rayan lo ideológico. En vez de fortalecer un sistema educativo diverso y de calidad, se opta por debilitarlo con normas restrictivas que no suman.

Todas estas señales dibujan un país que se autosabotea. Un gobierno que parece más preocupado por no dar la razón al otro que por avanzar en soluciones. Que se atrapa en sus propias contradicciones, retrocede en vez de corregir, y pierde de vista lo esencial: gobernar para la gente, con claridad y responsabilidad.

La sensación de deriva es creciente. Y no se trata solo de errores. Se trata de una falta de rumbo, de sentido de urgencia, de prioridades claras. Uruguay necesita decisiones firmes, coherentes y transparentes. No más enredos, no más retrocesos. Porque en el mundo actual, quien se detiene —o peor aún, camina en círculos— termina quedando irremediablemente atrás.