Esta semana se concretó la primera reunión oficial entre la Intendencia de Salto y el sindicato de trabajadores municipales, ADEOMS. Fue un encuentro cordial, donde se manifestó la intención de mantener el diálogo. Es un buen gesto, sin dudas, y uno esperaría que ese diálogo tenga como centro los verdaderos problemas que afectan a los trabajadores y al funcionamiento del gobierno departamental.

Pero conviene recordar algo: la gestión, la conducción del rumbo de un gobierno, no es tarea del sindicato ni de los funcionarios. Es responsabilidad de quienes fueron elegidos por el voto popular. La ciudadanía no eligió sindicatos, eligió gobernantes para tomar decisiones y resolver los problemas, no para evadirlos o esconderlos.

Aunque este nuevo gobierno lleva menos de un mes en funciones, ya se han visto señales claras. Algunas ya conocidas por los salteños y otras nuevas, que encienden alarmas. Una de las más preocupantes es la situación económica que dejó la anterior administración del Frente Amplio.

La Junta Departamental anterior votó una línea de crédito de 300 millones de pesos. Esa línea tenía como objetivo afrontar deudas y compromisos urgentes. Sin embargo, ni se pagó la deuda en el mismo período, ni se cumplió con el Banco de la República, ni con el Tribunal de Cuentas. Entonces, la pregunta que se impone es sencilla pero profunda: ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se hizo con esos 300 millones de pesos?

Hubiese sido preferible no votar esa línea de crédito. Así, cuando llegaran las consecuencias económicas, Salto podría haber confirmado con claridad el caos financiero que dejó el Frente Amplio. Porque, como dijo el propio exintendente Andrés Lima, para seguir funcionando necesitaban reducir el "rubro cero", es decir, despedir gente. Incluso llegó a decir que quienes fueron cesados deberían reclamarle al Papa Francisco.

Cuando Lima asumió en 2015, el déficit departamental era de 700 millones de pesos. Hoy supera los 2.000 millones. En ese entonces, con una situación mucho más manejable, no hubo comunicados del PIT-CNT, no hubo reuniones del sindicato con el ministro de Trabajo, no hubo grandes escándalos. Ahora, con una deuda tres veces mayor, una línea de crédito sin respaldo, 2.000 funcionarios a la deriva y un déficit de 55 millones de dólares, el panorama es objetivamente más grave. Sin embargo, algunos actores parecen tener ahora una preocupación selectiva.

Salto merece saber la verdad. No se trata de buscar culpables por deporte. Se trata de poner sobre la mesa la realidad que enfrenta el nuevo gobierno departamental. La gente necesita saber qué pasó con los recursos públicos, por qué se llegó a esta situación y, sobre todo, qué medidas se van a tomar para ordenar esta casa que hoy está patas para arriba.

Ojalá el diálogo que se abrió con el sindicato sirva para mirar hacia adelante, pero también para hacer una revisión sincera del pasado reciente. Porque solo con la verdad, y con responsabilidad, se podrá sacar a Salto del pozo financiero en el que lo dejaron.