Los años mozos del ayer tenían un rico repertorio de expresiones populares que hoy, lamentablemente, han quedado sepultadas bajo el peso de la modernidad. Entre ellas brillaba con luz propia una frase entrañable: "escorchar la piola". La usaban nuestros abuelos y padres para describir con precisión quirúrgica a ese personaje incansable, necio o impertinente que se dedicaba a molestar al prójimo con insistencia. Era el equivalente vernáculo a impacientar, hostigar o poner a prueba la paciencia del más pintado, tirando simbólicamente de una cuerda imaginaria hasta romper la armonía.

Aquella costumbre cotidiana de señalar la molestia innecesaria ha caído en desuso en el habla corriente, pero da la impresión de que sus principios filosóficos no se han perdido del todo. Muy por el contrario, parece que han migrado de los corrillos vecinales a los escritorios estatales. Hoy en día, hay burócratas y legisladores especializados precisamente en eso: en “escorchar la piola” a los ciudadanos a través de normas tan caprichosas como desconectadas de la realidad, tal como sucede flagrantemente en el sistema que rige el tránsito en nuestro país.

Un ejemplo paradigmático que merece una crítica severa es el absurdo laberinto burocrático exigido para obtener un duplicado de la libreta de propiedad de un vehículo. Este documento no es un título de propiedad absoluto; es apenas un instrumento administrativo que acredita la posesión vinculada al empadronamiento. Sin embargo, extraviar este carnet se convierte en un auténtico calvario para aquellos sectores que arrastran deudas pendientes por multas o patentes impagas.

La situación se vuelve dramática al analizar las sanciones económicas. La multa por circular sin esta libreta resulta absolutamente desproporcionada en comparación con el valor real de un birrodado, de los cuales circulan cientos de miles por nuestras calles. Un trabajador asalariado común y corriente debe destinar el fruto de más de un mes entero de labor exclusiva para cancelar dicha infracción. El castigo supera con creces el valor venal de la moto. ¿Qué motociclista en su sano juicio va a abonar semejante cifra? Ninguno. Ante semejante disparate, el ciudadano prefiere recurrir a un comercio de venta de vehículos y adquirir otro birrodado financiado en veinticuatro cuotas accesibles.

Pretender cobrar lo incobrable por una falta menor constituye un despropósito monumental. Podría resolverse fácilmente presentando un simple documento privado o un compromiso de compraventa. No obstante, la exigencia kafkiana de una certificación notarial del primer titular —cuyo paradero suele ser un verdadero misterio— sumada a la cancelación al contado de toda deuda acumulada, condena al vehículo a la incautación y sume al damnificado en una profunda irregularidad perpetua.

Para dimensionar el desatino, basta con pensar en el extravío de una tarjeta de crédito bancaria. Se avisa mediante un simple mensaje de texto y al día siguiente llega un plástico nuevo al domicilio, independientemente de si existen saldos rojos o deudas previas. La administración pública, voraz a la hora de recaudar, jamás advirtió que la libreta de un automóvil lujoso no guarda proporción alguna con la de una modesta moto, pese a que la multa aplicada sea idéntica.

En definitiva, estamos ante una normativa diseñada de espaldas al pueblo, que castiga duramente al carenciado mientras protege a los sectores acomodados. Una reglamentación ideada exclusivamente para “escorchar la piola” a la gente más humilde. Urge modificar estas disposiciones anacrónicas cuanto antes, devolviendo el sentido común y la justicia a nuestras calles.