El problema no es nuevo, pero sí persistente: la discrecionalidad en el manejo del Estado se ha convertido en uno de los principales factores que distorsionan el funcionamiento democrático. No se trata de nombres propios ni de partidos en particular, sino de una lógica instalada que atraviesa gobiernos, organismos y administraciones. Desde los niveles más altos de decisión —en la Torre Ejecutiva, ministerios o empresas públicas— hasta oficinas intermedias, existe un margen de poder que permite decidir a quién se atiende, cuándo y cómo. Y ese margen, cuando no está debidamente controlado, se transforma en un terreno fértil para el abuso.

La discrecionalidad es, en esencia, la materia prima del clientelismo. Es lo que se negocia en silencio, lo que no figura en los discursos oficiales pero sí en las prácticas cotidianas. Es lo que permite que un trámite avance para algunos y se estanque para otros; que una ayuda llegue a quien conviene políticamente y no necesariamente a quien más la necesita; que una licitación se incline hacia determinados intereses. No siempre se trata de actos ilegales en sentido estricto, pero sí de decisiones que, en conjunto, erosionan la equidad y la transparencia.

Cuando los recursos públicos se administran con criterios personales o políticos, dejan de cumplir su función social. El dinero que debería atender prioridades colectivas termina orientado por conveniencias coyunturales. Así, se construye un sistema donde el acceso a derechos puede depender más de la cercanía al poder que de la necesidad real. Y en ese escenario, el ciudadano común queda en desventaja, obligado muchas veces a “gestionar” lo que debería estar garantizado.

Este fenómeno también explica la desconexión entre parte del discurso político y la realidad cotidiana. No son pocos los episodios en los que declaraciones públicas parecen surgir de una percepción alejada de lo que vive la ciudadanía. Esa distancia no es casual: es el resultado de una estructura que protege, que filtra la información y que muchas veces confirma hacia adentro lo que no necesariamente ocurre afuera. Cuando eso sucede, el debate público pierde calidad y la confianza se resiente.

Ahora bien, el problema de fondo no se resuelve únicamente con cambios de gobierno ni con reformas institucionales aisladas. Mientras el sistema siga dependiendo de la voluntad individual de quien ocupa un cargo, la discrecionalidad seguirá presente. Porque decidir es parte de la función pública, pero decidir sin controles efectivos abre la puerta a la arbitrariedad.

La democracia no debería reducirse a elegir representantes cada ciertos años y esperar que actúen correctamente. Esa lógica, más cercana a una delegación ciega, resulta insuficiente. Una democracia sólida exige mecanismos permanentes de control, acceso a la información y rendición de cuentas. No se trata solo de confiar, sino de poder verificar. El desafío, entonces, es avanzar hacia un modelo donde las reglas sean claras, los procesos transparentes y las decisiones justificadas. Donde el acceso a derechos no dependa de gestiones informales ni de vínculos personales. Donde el ciudadano no tenga que pedir favores, sino exigir lo que le corresponde con base en datos y garantías. Reducir la discrecionalidad no es eliminar la política, sino fortalecerla. Es asegurar que el poder deje de ser un privilegio de pocos y se convierta, verdaderamente, en una herramienta al servicio de todos.