Cuando el poder se confunde con impunidad
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Por José Pedro Cardozo
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La corrupción política constituye una de las formas más graves de deterioro de la democracia. No solamente porque implica el eventual uso indebido de los recursos públicos o el abuso de las responsabilidades confiadas por la ciudadanía, sino porque instala una peligrosa convicción: que quienes llegan al poder pueden actuar por encima de la ley y que, llegado el momento de rendir cuentas, siempre encontrarán protección política, complicidades o mecanismos para eludir las consecuencias.
El caso del exsenador Charles Carrera vuelve a colocar esta realidad en el centro de la discusión pública. Actualmente enfrenta un proceso judicial por hechos que deberán ser examinados con todas las garantías, pero cuya gravedad exige que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias si se acreditan las responsabilidades que sostiene la Fiscalía. No se trata de una disputa partidaria ni de una operación política: se trata de determinar si alguien que ocupó la secretaria del Ministerio del Interior y una banca en el Senado, abusó de sus atribuciones y utilizó su posición institucional de manera indebida.
El asunto podría tener, además, derivaciones políticas de mayor alcance. Las declaraciones de la víctima, que ha señalado presuntas presiones de figuras relevantes del oficialismo, entre ellas la actual vicepresidenta Carolina Cosse, introducen elementos que merecen ser investigados con seriedad. Naturalmente, ninguna responsabilidad puede darse por probada sin las correspondientes evidencias, pero tampoco corresponde minimizar testimonios que podrían resultar relevantes para esclarecer los hechos.
Este episodio tampoco aparece aislado en la historia política reciente del Uruguay. El caso de los casinos municipales de Montevideo, que tuvo como protagonista al contador Bengoa, dejó al descubierto graves irregularidades y responsabilidades políticas que alcanzaron a jerarcas de la administración capitalina. La desaparición de documentación informática que podía resultar comprometedora fue, además, uno de los aspectos más oscuros de aquel episodio.
También está el escandaloso desenlace de PLUNA, con el remate de los aviones, las actuaciones del entonces ministro de Economía Fernando Lorenzo y del presidente del Banco República, Fernando Calloia, ambos sometidos a procesos judiciales. A ello se suma el caso del exdiputado Daniel Placeres, vinculado al emprendimiento Envidrio, cuya gestión y las circunstancias que rodearon su actuación también terminaron bajo investigación judicial.
No estamos haciendo un inventario para atribuirle a un partido el monopolio de la corrupción. Sería injusto y equivocado. Ninguna colectividad política está vacunada contra la deshonestidad. También en la oposición pueden aparecer conductas reprochables, porque la corrupción no tiene ideología: tiene protagonistas que anteponen sus intereses personales al compromiso asumido con la sociedad.
Lo verdaderamente indignante es que, en algunos de estos episodios, hubo quienes salieron a defender a los involucrados antes de que la Justicia se pronunciara, organizando movilizaciones, levantando banderas partidarias y confundiendo deliberadamente la solidaridad política con la justificación de conductas presuntamente delictivas. Cuando el fanatismo sustituye al sentido crítico, la verdad termina siendo una cuestión secundaria y la defensa de los intereses colectivos queda relegada.
Los cargos públicos no conceden privilegios ni inmunidad moral. Por el contrario, cuanto mayor es la responsabilidad institucional, mayor debe ser la obligación de rendir cuentas. Un senador, un ministro, un intendente o un presidente no pueden pretender un tratamiento diferente al de cualquier ciudadano.
Uruguay necesita una Justicia independiente, firme y sin presiones. Que investigue, que pruebe y que condene cuando corresponda. Sin contemplaciones partidarias, sin nombres intocables y sin negociaciones por debajo de la mesa. Porque la democracia no se debilita cuando un político es investigado o condenado por sus actos. Se debilita cuando la ciudadanía comienza a creer que, para quienes ejercen el poder, la ley siempre termina siendo negociable. Y esa es una sensación que el Uruguay no puede permitirse.