La reciente comprobación de una denuncia falsa realizada por una mujer contra su pareja volvió a colocar sobre la mesa un debate que desde hace tiempo permanece latente en la sociedad uruguaya: la necesidad de revisar algunos aspectos de la llamada Ley de Género y las consecuencias que su aplicación ha generado sobre garantías fundamentales del sistema judicial.

El caso tomó notoriedad porque pudo demostrarse objetivamente que la acusación era falsa gracias al registro de una tobillera electrónica. De no haber existido esa prueba tecnológica, probablemente el desenlace habría sido muy distinto. Un hombre inocente podría haber terminado procesado, condenado socialmente e incluso privado de libertad durante años, únicamente por una acusación que luego se comprobó inexistente. Esa sola posibilidad debería preocupar profundamente a cualquier sociedad que se considere democrática y respetuosa del Estado de Derecho.

La violencia contra la mujer existe, es grave y merece toda la protección del Estado. Negarlo sería irresponsable. Pero también es cierto que ninguna legislación puede construirse sobre la base de sacrificar principios esenciales de justicia. El combate a un problema real no puede derivar en un sistema donde una de las partes quede prácticamente indefensa desde el inicio del proceso.

El prestigioso abogado penalista Juan Fagúndez ha señalado con claridad algunos de los problemas que presenta la normativa actual. Entre ellos, cuestionó disposiciones que limitan determinadas pericias técnicas en delitos sexuales cuando estas puedan poner en duda el relato de la denunciante. La observación no es menor. Precisamente, la investigación penal existe para comprobar hechos, no para asumirlos automáticamente como ciertos antes de producirse la prueba.

Allí aparece uno de los aspectos más delicados de esta discusión: el debilitamiento del principio de inocencia. Históricamente, el derecho moderno se construyó sobre la idea de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en determinados casos vinculados a violencia de género, pareciera instalarse una lógica inversa: primero se castiga socialmente, se restringen derechos y luego, eventualmente, se investiga.

Las estadísticas muestran que una gran cantidad de denuncias terminan archivadas por falta de pruebas. Eso no significa necesariamente que todas hayan sido falsas, pero sí evidencia que muchas veces no existen elementos suficientes para confirmar los hechos denunciados. Mientras tanto, los acusados suelen atravesar consecuencias personales, familiares, laborales y sociales devastadoras. El daño a la reputación rara vez se repara, aun cuando la Justicia determine posteriormente que no había pruebas o que la denuncia era infundada.

Más preocupante aún es la dificultad para sancionar las denuncias falsas. En la práctica, demostrar judicialmente que una persona mintió implica iniciar nuevos procesos largos y costosos, que pocos están en condiciones de afrontar. Incluso cuando la propia denunciante reconoce haber faltado a la verdad, muchas veces el caso simplemente se archiva o se reformula jurídicamente, sin consecuencias relevantes para quien realizó la acusación. Esa situación genera una preocupante sensación de desigualdad ante la ley.

La justicia no puede funcionar bajo criterios ideológicos ni emocionales. Debe actuar con equilibrio, objetividad y garantías para todas las partes. Defender derechos de las mujeres no implica eliminar derechos de los hombres. Una sociedad verdaderamente justa protege a las víctimas reales, pero también evita condenar inocentes.

El debate que hoy se reabre no debería interpretarse como un ataque a las mujeres ni como una negación de la violencia de género. Por el contrario, revisar los excesos, corregir desequilibrios y garantizar investigaciones serias fortalece la credibilidad del sistema y protege mejor a quienes realmente sufren violencia.

Porque cuando una ley pierde imparcialidad y deja de garantizar igualdad ante la justicia, deja también de cumplir su función esencial. Y en un Estado de Derecho, ninguna causa —por legítima que parezca— puede estar por encima de la verdad y de las garantías fundamentales de todos los ciudadanos.