La decisión del gobierno nacional —que todo indica estaría prácticamente tomada— de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas, abre un escenario de riesgos que excede largamente el plano administrativo. No se trata únicamente de un diferendo contractual: lo que está en juego es la reputación jurídica del país, su estrategia de soberanía marítima y su posicionamiento internacional en un momento particularmente sensible.