El gobierno nacional vive, una vez mas, un episodio que erosiona la confianza ciudadana en quienes deberían garantizarla. En esta oportunidad, la situación que amerita la renuncia inmediata, es la del  Dr. Álvaro Danza, presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE),  por desempeñar funciones médicas en instituciones privadas, lo que según la normativa del ente constituye una clara incompatibilidad. 

Estamos, frente a un caso paradigmático de cómo los conflictos éticos y jurídicos golpean la credibilidad del presente gobierno y en particular de una entidad estatal como ASSE que administra hospitales y centros de salud en todo el país, cuando su presidente debería ser la encarnación misma de la neutralidad y la dedicación exclusiva al interés público. Cualquier duda sobre sus vínculos con el sector privado no es un detalle técnico: es un golpe directo a la confianza de los usuarios.

Danza, es un médico reconocido, grado 5 en la Facultad de Medicina, que antes de asumir consulto con el prestigioso estudio jurídico Delpiazzo Abogados, que le aseguró no existir incompatibilidad alguna. El informe sostiene que sus funciones como docente de la Universidad de la República no colisionan con la Constitución ni con la normativa de ASSE. Hasta ahí, el argumento parece sólido. El problema es que no hablamos únicamente de docencia. Según la investigación periodística que denunció su situación, Danza efectivamente atiende pacientes en policlínicas de la Asociación Española y de Médica Uruguaya. Allí es donde la defensa se desmorona.

La normativa de ASSE establece expresamente que sus directores no pueden ejercer actividades que se relacionen, directa o indirectamente, con el organismo. Y la lógica es evidente: un jerarca del sistema público que también trabaja en el privado enfrenta un conflicto de interés imposible de ignorar. Puede ser tentado a favorecer derivaciones, contratos, o simplemente a relativizar decisiones que, en última instancia, afectan la competencia entre sistemas de salud. La ética de la función pública es clara: no basta con ser honesto, hay que parecerlo.

No se trata de juzgar la trayectoria personal de Danza ni su competencia profesional, que nadie discute. Se trata de preservar un principio fundamental: la transparencia en la conducción del Estado. La historia uruguaya tiene antecedentes que no se pueden olvidar. En 2008, Baltasar Aguilar renunció a la presidencia de ASSE por una denuncia similar. Más recientemente, Eduardo Viera debió dejar el Instituto Nacional de Colonización por conflictos de interés. Los ejemplos abundan y deberían ser recordados cada vez que un jerarca intenta convencer a la opinión pública de que su situación es “distinta”.

Al exigirse la renuncia, se advierte sobre el verdadero riesgo: la pérdida de confianza ciudadana en una institución clave. Y en este punto no hay margen de tolerancia. La salud pública no puede permitirse el lujo de tener autoridades bajo sospecha. Si la población percibe que sus dirigentes utilizan atajos legales para compatibilizar cargos incompatibles, el daño institucional es irreversible.

Más allá de los dictámenes jurídicos, hay un plano político y ético que no puede soslayarse. Si Danza efectivamente atiende pacientes en el sector privado, la incompatibilidad es manifiesta. El gobierno, que hasta ahora ha optado por la prudencia y la espera, debe asumir una decisión clara y contundente. No alcanza con “analizar” o “estudiar” el alcance de la normativa. La función pública exige ejemplaridad, y cuando esta se pone en duda, la única respuesta posible es la renuncia.

En definitiva, el caso Danza no es un problema personal: es un síntoma de cómo el Estado uruguayo aún titubea frente a los conflictos éticos. En la salud, donde lo que está en juego es la vida y la confianza de la gente, no hay espacio para ambigüedades. Si queremos una administración transparente y confiable, los compromisos deben cumplirse sin excepciones. Y en este caso, la única salida es preserva la institucionalidad. Esta claro: Álvaro Danza debe dar un paso al costado.