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Hubo un tiempo —no tan lejano— en el que la baja del dólar despertaba más sospechas que alivio. “Cuando el dólar se agacha, es para saltar”, decía el saber popular, curtido por devaluaciones bruscas, ajustes traumáticos y pérdidas de poder adquisitivo. Esa memoria colectiva hoy choca con una realidad inédita: el dólar no se agacha para saltar, cae en picada. Y el país, lejos de estar preparado para aprovechar ese escenario, vuelve a exhibir sus viejos y persistentes problemas estructurales.

En teoría, la caída del dólar no debería ser un drama nacional. La debilidad de la moneda estadounidense responde a factores globales —económicos, financieros y geopolíticos— que exceden largamente la capacidad de decisión de un país pequeño y abierto como Uruguay. A eso se suma una inflación contenida, un objetivo largamente anhelado por gobiernos de todos los signos. Sin embargo, lo que en los manuales parece virtuoso, en la práctica se ha convertido en un dolor de cabeza.

El problema no es el dólar bajo en sí mismo, sino un país caro, rígido y poco competitivo. Durante meses, tanto el Estado como el sector privado actuaron bajo la expectativa de una inflación más alta. Esa previsión se trasladó a negociaciones salariales, tarifas públicas, contratos y costos fijos. La realidad terminó desmintiendo esos supuestos y hoy el desfasaje es evidente: algunos sectores ganan, otros pierden, pero el sistema en su conjunto se resiente.Las empresas exportadoras y buena parte del aparato productivo enfrentan una combinación letal: precios internacionales que no acompañan, un tipo de cambio deprimido y costos internos que siguen corriendo por encima de la lógica del mercado global. El resultado es previsible: caída de márgenes, postergación de inversiones, freno a la contratación de personal y, en el peor de los casos, despidos. Todo ello en un contexto donde el discurso oficial insiste en la estabilidad, mientras la realidad productiva muestra señales de alarma.

El Banco Central y el Ministerio de Economía han intervenido para frenar la caída del dólar. Las herramientas están sobre la mesa y las declaraciones abundan. El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, ha sido claro al afirmar que no se amputará ninguna herramienta y que se intervendrá para evitar desórdenes y saltos abruptos. El ministro Gabriel Oddone, por su parte, osciló entre la satisfacción momentánea por una suba puntual y la preocupación posterior, rematada con una frase tan honesta como reveladora: “Yo no puedo decir cuánto va a valer el dólar”.

Y ahí está el punto central. El gobierno puede intervenir, corregir, amortiguar, pero no controla el mercado. Las fuerzas que empujan el dólar hacia abajo o hacia arriba responden a dinámicas globales donde pesan la deuda gigantesca de Estados Unidos, el rol de China como gran tenedor de bonos y un tablero geopolítico cada vez más inestable. Uruguay no decide, pero paga las consecuencias.

Justamente por eso, lo verdaderamente preocupante no es el dólar, sino la falta de decisiones de fondo. En lugar de seguir confiando en parches coyunturales, lo lógico —y responsable— sería ajustar el país a la realidad que enfrenta: reducir gastos, revisar tarifas, achicar un Estado sobredimensionado y cortar privilegios que hace años nadie se anima a tocar. No por dogma, sino por necesidad. Persistir en la inercia tiene un costo político y social alto: el descreimiento. La sensación de que la clase política reacciona tarde, administra el problema y evita las decisiones incómodas. Esa película ya la vimos. Y si algo enseña la historia reciente es que los finales rara vez son felices cuando se elige no actuar a tiempo

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