Los gobiernos toman decisiones todos los días. Algunas son administrativas, otras políticas y unas pocas tienen un fuerte contenido simbólico. Si los trascendidos provenientes de altas fuentes de Torre Ejecutiva terminan confirmándose, el eventual relevo de autoridades vinculadas a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia deberá leerse precisamente desde esa dimensión política e institucional. No se trataría simplemente del cambio de dos jerarcas. Detrás de esa decisión existiría una evaluación mucho más amplia sobre el impacto que determinadas actuaciones personales pueden terminar teniendo sobre la imagen del propio gobierno y, especialmente, sobre la credibilidad de las instituciones públicas.

Según las versiones conocidas, la actual directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, Colette Spinetti, dejaría el cargo en los próximos días. Paralelamente, también se analiza la salida de Alejandra Casablanca de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, e incluso su eventual reasignación a otra función.

Cada caso tiene características diferentes. En uno aparecen cuestionamientos derivados de denuncias por presunto acoso laboral formuladas por funcionarios de Presidencia. En el otro, el episodio de la filtración de audios con expresiones polémicas que terminaron generando una fuerte repercusión interna en el ámbito gubernamental.

Sin embargo, más allá de las responsabilidades individuales, en Presidencia parecería estar instalándose una preocupación de mayor alcance: evitar que situaciones de este tipo continúen alimentando un escenario de deterioro institucional y el ya avanzado desprestigio que posee el gobierno. Algo que no es un dato menor.

Desde hace varios años el debate político uruguayo viene experimentando un aumento considerable en su nivel de confrontación. Cada vez con mayor frecuencia, las diferencias partidarias dejan de centrarse exclusivamente en las ideas para trasladarse hacia el cuestionamiento permanente de organismos del Estado.

Fiscalía, la Junta de Transparencia y Ética Pública, organismos de contralor, e incluso el propio Parlamento, han quedado muchas veces en el centro de una disputa donde las críticas parecen depender menos de los argumentos jurídicos o técnicos que del color político de las decisiones adoptadas.

Según las fuentes consultadas, existe preocupación en Presidencia porque esa dinámica pueda profundizarse y alcanzar en el futuro a otras instituciones fundamentales para el funcionamiento democrático, como el Poder Judicial o la Policía.Se trata de una inquietud razonable.

Las democracias no se debilitan únicamente cuando fallan las instituciones. También comienzan a erosionarse cuando una parte importante de la sociedad pierde confianza en ellas. Y esa pérdida de confianza suele alimentarse mediante campañas permanentes de deslegitimación que presentan a cada organismo como parcial, ideologizado o funcional a determinados intereses políticos.

Naturalmente, ninguna institución pública está exenta de críticas. Por el contrario, el control ciudadano constituye uno de los pilares de cualquier sistema republicano. Pero una cosa es cuestionar decisiones concretas y otra muy distinta instalar sistemáticamente la sospecha sobre organismos enteros cada vez que sus resoluciones resultan incómodas para determinados actores políticos.

Ese capital democrático no pertenece a un gobierno ni a un partido; pertenece al país. Precisamente por eso, quienes ejercen responsabilidades públicas tienen el deber de evitar convertirse en factores de desgaste para las instituciones que representan.

Si finalmente se concretan los cambios que hoy se manejan en los ámbitos de Presidencia, el mensaje probablemente buscará ir más allá de los nombres propios. Intentará transmitir que ningún cargo puede transformarse en un problema para la institucionalidad. Porque, al final del día, las personas pasan. Las instituciones permanecen. Y cuando la política comprende esa diferencia, la democracia sale fortalecida.