La posición del PIT-CNT, cuestionando el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, sorprende no solo por su contenido sino, sobre todo, por la lógica desde la cual se formula. La central sindical sostiene que el tratado fue negociado “de espaldas a las fuerzas sociales”, que carece de componentes políticos y de cooperación, y que se limita a un aspecto meramente comercial. Sin embargo, en ese planteo subyace una confusión de roles que conviene señalar con claridad: el PIT-CNT fue creado para defender los derechos de los trabajadores, no para cogobernar ni para vetar decisiones estratégicas adoptadas por autoridades legítimamente electas.

La función histórica y fundamental del movimiento sindical ha sido y debe seguir siendo, la defensa de condiciones laborales dignas, el salario justo, la negociación colectiva y la denuncia de abusos patronales injustificados. Ese rol es imprescindible en cualquier democracia moderna. Pero pretender que la central de trabajadores tenga un lugar decisorio en la política exterior o en la firma de acuerdos internacionales excede claramente su mandato natural y democrático. Para gobernar, negociar tratados y definir la inserción internacional del país están quienes recibieron el respaldo de la ciudadanía en las urnas.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea puede y debe ser discutido, analizado y eventualmente criticado. Nadie sostiene que sea perfecto ni que esté exento de riesgos. Pero resulta llamativo que el PIT-CNT elija poner el foco casi exclusivamente en los potenciales aspectos negativos, omitiendo deliberadamente los beneficios que puede implicar para Uruguay y para la región. En un contexto global marcado por tensiones comerciales, guerras arancelarias y un creciente proteccionismo, especialmente impulsado por Estados Unidos, acceder a uno de los mercados más grandes y sofisticados del mundo no es un dato menor, sino una oportunidad estratégica.

La central sindical argumenta que este acuerdo “no tiene nada que ver” con lo que se comenzó a negociar en 1999, ya que solo contempla el componente comercial y deja de lado el político y el de cooperación. Sin embargo, es precisamente el componente comercial el que hoy cobra mayor relevancia geopolítica. Europa, urgida por diversificar mercados y reducir dependencias, busca socios confiables, y Uruguay tiene allí una ventana que difícilmente pueda darse el lujo de cerrar. Desestimar esa oportunidad por una visión rígida o ideologizada puede terminar siendo más costoso que los eventuales riesgos que se señalan.

También se cuestiona que la negociación haya sido “secreta” y sin participación social, pese a los reclamos de organizaciones sindicales regionales y europeas. No obstante, conviene recordar que la confidencialidad es una práctica habitual en negociaciones internacionales complejas, y no una conspiración contra la sociedad. Los acuerdos se negocian en ámbitos técnicos y políticos, y luego se someten a instancias de aprobación democrática, donde sí corresponde un debate amplio y transparente.

En cuanto a la falta de estudios de impacto, especialmente en sectores sensibles como el lácteo o el vitivinícola, el planteo merece atención, pero no puede convertirse en un argumento paralizante. Los estudios sirven para mitigar riesgos, no para justificar la inacción permanente. Uruguay necesita producir, exportar y crecer; necesita reglas claras y acceso a mercados. El aislamiento nunca fue una estrategia exitosa para proteger el empleo ni el salario.

Finalmente, hablar de un Mercosur “destruido” no fortalece la posición de los trabajadores ni del país. Por el contrario, debilita cualquier intento serio de inserción internacional. El PIT-CNT haría bien en volver a su esencia: defender a los trabajadores dentro de un país que crece y se integra al mundo. Porque sin crecimiento, sin inversión y sin comercio, no hay derechos laborales que puedan sostenerse en el tiempo.