El puerto de Montevideo es, sin lugar a dudas, uno de los motores esenciales de la economía nacional. Por allí transita la inmensa mayoría de las exportaciones e importaciones, sosteniendo no solo el ingreso de di visas al país, sino también la actividad de decenas de miles de trabajadores vinculados directa o indirectamente a la logística, la industria y el comercio. Por eso resulta inaceptable que, una vez más, su normal funcionamiento se vea amenazado por un conflicto sindical que, más allá de la retórica, no defiende derechos laborales sino privilegios y posiciones de poder.

La empresa Katoen Natie, de capitales belgas, ha sido pieza clave en la modernización y desarrollo de la terminal de contenedores. No se trata de un actor marginal: gracias a sus inversiones, Montevideo ha consolidado su posición estratégica en la región. Sin embargo, esta compañía se ve condicionada por la oposición sindical a la instalación de un sistema informático que busca precisamente lo que cualquier economía moderna necesita: mayor eficiencia y productividad. La consecuencia de esta obstinación ha sido ya cercana a 100 millones de dólares en pérdidas para exportadores e importadores, sin contar el daño colateral que afecta a trabajadores, industrias, comercios y consumidores.

Resulta alarmante la inacción inicial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conducido por el ex dirigente sindical y referente del Partido Comunista, Juan Castillo. Una vez más, como sucedió con el prolongado conflicto de la pesca, la cartera se mostró reticente a decretar la esencialidad de la actividad portuaria, priorizando el cálculo político antes que el interés nacional. ¿Cómo se concilia este proceder con el discurso oficial que insiste en la necesidad de generar más empleo, atraer inversiones y asegurar el crecimiento? El país no puede darse el lujo de paralizar sectores estratégicos porque algunos dirigentes gremiales se resisten a la modernización.

La pasividad gubernamental contrasta con la firmeza de la empresa Katoen Natie, que en la tarde de ayer emitió un ultimátum claro: si las tareas no se reanudaban antes del lunes a las siete de la mañana, denunciaría el convenio colectivo vigente. Fue esa decisión la que finalmente destrabó el conflicto, obligando tanto al Ministerio de Transporte como al propio MTSS a moverse con urgencia y sentarse a dialogar con el sindicato. El resultado fue inmediato: el gremio levantó las medidas de paro antes de la medianoche, aunque las negociaciones continúan.

La lección es clara: cuando la empresa mostró determinación, el sindicato retrocedió. Ello evidencia que no había en juego una legítima defensa de derechos básicos, sino una resistencia infundada a perder cuotas de poder frente a un sistema tecnológico que hará más eficiente y transparente la operativa portuaria.

El puerto de Montevideo no puede ser rehén de caprichos sindicales ni de la tibieza gubernamental. La inversión extranjera, la credibilidad del país y el sustento de miles de familias dependen de un funcionamiento estable y confiable. En un mundo donde la competitividad se mide al minuto, Uruguay no puede permitirse la imagen de un puerto paralizado por disputas anacrónicas.

Es hora de que el gobierno asuma con claridad que la prioridad es el interés nacional. Si el sindicato insiste en obstaculizar, deberán aplicarse las medidas correspondientes, incluida la esencialidad. No hacerlo equivale a hipotecar el futuro productivo del país en aras de cálculos ideológicos.

El puerto debe funcionar, siempre. Esa debería ser la primera línea de cualquier política seria de desarrollo. Lo demás, es simple irresponsabilidad. Y de este gobierno, ya no sorprende.