Las encuestas muestran una pérdida de popularidad que llegó mucho antes de lo que cualquier gobierno espera. Pero el problema no es solamente una baja en los índices de aprobación. Lo verdaderamente preocupante es que esa caída comienza a transformarse en una pérdida de credibilidad, el activo más valioso que tiene un presidente durante su gestión.

Un gobierno puede sobrevivir con una economía que crece poco, con conflictos sindicales o incluso con errores administrativos. Lo que difícilmente pueda sostener durante mucho tiempo es la percepción de que ha dejado de conducir los acontecimientos. Y esa sensación comienza a instalarse.

El mandatario inició su administración con un importante capital político, producto de una elección competitiva y de las expectativas que generó su llegada al poder. Sin embargo, ese crédito parece haberse consumido con una rapidez inesperada.

La comunicación presidencial, lejos de consolidar una imagen de firmeza, ha quedado expuesta a un permanente desgaste, amplificado por las redes sociales y por episodios que alimentan la percepción de improvisación. En política, la imagen no sustituye a la gestión, pero cuando ambas comienzan a deteriorarse simultáneamente, el liderazgo entra en una zona de riesgo.

A ello se suma una sucesión de decisiones discutidas y errores ministeriales que terminan impactando directamente sobre la figura presidencial. La polémica compra de la estancia María Dolores, las dudas técnicas sobre Casupá, las controversias en Defensa y la ausencia de resultados visibles en materia de seguridad pública no son únicamente problemas sectoriales. Son episodios que terminan debilitando la autoridad de quien eligió y mantiene a esos ministros en sus cargos.

Las diferencias dentro del propio oficialismo ya no permanecen en ámbitos reservados. Sectores del Frente Amplio, dirigentes del PIT-CNT e incluso ministros han expresado públicamente discrepancias con el rumbo adoptado por el presidente. Cuando las objeciones provienen del corazón mismo de la coalición gobernante, el problema deja de ser comunicacional para transformarse en político.

Los gobiernos necesitan algo más que mayorías parlamentarias. Necesitan autoridad para ordenar, convencer y disciplinar a su propio equipo. Cuando esa autoridad comienza a diluirse, las decisiones se vuelven más lentas, las contradicciones aumentan y la iniciativa política pasa progresivamente a manos de otros actores.

Ese es el verdadero riesgo. Nadie imagina una interrupción del mandato presidencial ni una crisis semejante a las que han vivido otros países de la región. Pero precisamente por esa estabilidad institucional aparece otro fenómeno, mucho más silencioso y quizás más peligroso: un presidente que conserva intactas todas las atribuciones constitucionales, pero cuya capacidad real de conducir el gobierno comienza a reducirse día tras día.

Es la figura que la ciencia política anglosajona denomina lame duck (pato rengo): un gobernante que mantiene el poder formal, pero cuya influencia efectiva se va desvaneciendo antes de finalizar su mandato.

Ese escenario no surge de un hecho aislado. Es consecuencia de un proceso de desgaste. Primero cae la confianza ciudadana. Luego aparecen las dudas sobre la gestión. Después se multiplican las diferencias internas. Finalmente, el presidente sigue ocupando el despacho principal, pero son otros quienes terminan marcando la agenda política. Y ese es el punto donde ningún gobierno quiere llegar.

Yamandú Orsi todavía tiene tiempo para revertir esta tendencia. Pero hacerlo exigirá mucho más que mejorar la comunicación. Requerirá ejercer liderazgo, corregir errores, asumir responsabilidades y demostrar que quien ocupa la Presidencia sigue siendo quien conduce el rumbo del país.

Ese es el desafío que hoy enfrenta el gobierno. No el de conservar el poder, sino el de evitar que ese poder termine siendo apenas una formalidad.