El debate sobre los desaparecidos y la memoria reciente del Uruguay vuelve periódicamente al centro de la discusión pública. Y cada vez que eso ocurre, el país parece revivir una grieta que, lejos de cerrarse, continúa alimentándose desde posiciones extremas y visiones parciales de la historia. Declaraciones de la senadora Graciela Bianchi volvieron a poner sobre la mesa un tema tan sensible como complejo: el uso político del pasado reciente.

Nadie con un mínimo sentido democrático puede relativizar el dolor de las familias de los desaparecidos. Una sola desaparición forzada constituye una tragedia inadmisible y una violación brutal de los derechos humanos. El reclamo por verdad y justicia es legítimo y forma parte de la construcción democrática del país. Sin embargo, también es cierto que una parte importante de la sociedad percibe que, en determinadas ocasiones, ese legítimo reclamo termina siendo utilizado con fines políticos, ideológicos y hasta increíblemente económicos.

Ese es, precisamente, el núcleo de la polémica planteada por Bianchi. La senadora sostiene que existe una utilización parcial de la historia reciente, donde se enfatizan exclusivamente los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura, dejando muchas veces en segundo plano el contexto de violencia política y enfrentamiento armado que precedió al golpe de Estado. Plantear esta discusión no significa justificar el terrorismo de Estado ni minimizar las violaciones a los derechos humanos; significa reclamar una visión más completa y menos selectiva de la historia.

Uruguay logró salir de uno de los períodos más oscuros de su vida institucional mediante acuerdos políticos, tolerancia y convivencia democrática. No fue un camino perfecto, pero permitió reconstruir las instituciones y evitar escenarios de confrontación permanente que otros países de la región aún padecen. Por eso preocupa que, décadas después, ciertos sectores continúen utilizando el pasado como herramienta de división, alimentando resentimientos antes que promoviendo una auténtica reconciliación nacional.

También forma parte de esa discusión el tema de las reparaciones económicas y las pensiones especiales vinculadas a víctimas de la dictadura. Para muchos uruguayos, el alcance que han tenido algunos beneficios, extendidos incluso a descendientes, genera cuestionamientos legítimos sobre equidad y prioridades presupuestales. En un país con dificultades económicas, carencias sociales y enormes demandas en áreas sensibles, resulta lógico que exista debate sobre el costo y la extensión de determinados regímenes reparatorios.

Nada de esto implica desconocer el sufrimiento vivido ni negar responsabilidades históricas. Implica, simplemente, admitir que la memoria colectiva no puede construirse desde una sola mirada. La verdad debe ser completa, sin omisiones ni relatos parciales acomodados a conveniencias políticas circunstanciales.

El desafío del Uruguay actual debería ser encontrar un equilibrio entre memoria y reconciliación. Recordar, sí. Investigar, también. Pero evitando que el dolor continúe siendo utilizado como instrumento de confrontación política permanente. Porque un país que vive atrapado en sus heridas difícilmente pueda concentrarse plenamente en construir su futuro.

Las nuevas generaciones merecen conocer toda la historia, sin fanatismos ni discursos sesgados. Merecen entender que hubo errores, excesos y responsabilidades múltiples, pero también que la democracia se fortalece cuando es capaz de mirar hacia adelante sin dejar de reconocer su pasado.

La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, debería ser el único camino posible para cerrar definitivamente una etapa que aún sigue dividiendo a los uruguayos.