La economía uruguaya transita un momento delicado, y todo indica que el escenario se tornará aún más complejo en los próximos meses. No se trata de una percepción alarmista ni de una lectura sesgada: es la suma de factores concretos y visibles. La persistente sequía que golpeó a buena parte del país —especialmente al sur del Río Negro— dejó secuelas profundas en sectores productivos clave, con pérdidas que en algunos casos alcanzan el 50% de la cosecha de soja. A esto se suma la crítica situación de la industria frigorífica, afectada por el alto costo del ganado y por una merma en las condiciones necesarias para su faena.

Como si esto fuera poco, el contexto internacional tampoco ofrece alivio. La incertidumbre derivada de la guerra en Medio Oriente presiona al alza el precio del petróleo, y con él, todos los costos asociados a los combustibles. Es un efecto dominó que impacta en la producción, el transporte y, en definitiva, en el bolsillo de todos los uruguayos. Nadie puede predecir cuánto durará esta situación, pero sí es claro que sus consecuencias serán inevitables.

Frente a este panorama, la pregunta es tan simple como incómoda: ¿qué está haciendo el gobierno? Más aún, ¿qué está dispuesta a hacer la clase política en su conjunto?

Resulta impostergable un recorte serio del gasto público. No hay margen para continuar con prácticas que evidencian una preocupante desconexión con la realidad que enfrenta la ciudadanía. Los viajes oficiales con delegaciones sobredimensionadas, el crecimiento constante de un aparato estatal ya pesado e ineficiente, y la falta de señales claras de austeridad son elementos que generan irritación y descreimiento.

Mientras el sector privado ajusta, reduce personal y se repliega para sobrevivir, el Estado parece avanzar en sentido contrario. La población, que ya soporta una carga fiscal significativa, no tiene más espacio para absorber nuevos costos. Insistir en ese camino no solo sería injusto, sino también económicamente inviable.

El gobierno tiene la responsabilidad —y la oportunidad— de marcar un cambio de rumbo. No se trata de aplicar recortes indiscriminados, sino de priorizar, de ordenar, de eliminar gastos superfluos y de enviar una señal clara de compromiso con la realidad del país. La austeridad no es un eslogan: es una necesidad urgente.

La historia reciente muestra que, en momentos de dificultad, el costo suele trasladarse a la ciudadanía. Esta vez no puede ser así. Si los uruguayos están “apretándose el cinturón”, el Estado debe hacer lo mismo. No hacerlo implicaría profundizar la brecha entre quienes viven bajo el paraguas estatal y quienes enfrentan, día a día, las exigencias del mercado y la incertidumbre económica.

Este es el momento de actuar con responsabilidad. De dejar de lado la inercia del gasto fácil y de asumir que el país necesita un Estado más eficiente, más austero y más alineado con la realidad. De lo contrario, no solo se agravará la situación económica: también se erosionará la confianza, un recurso tan valioso como escaso en tiempos de crisis.

Esperemos que esta realidad, sea asumida porque el Estado, no puede ni debe ser un gastador compulsivo, porque la economía del país, no es ni será nunca, ni aún en la deseable abundancia, un barril sin fondo, como parece considerarlo tradicionalmente los gobernantes y la clase política, que en contraste con lo que ganan la mayoría de los trabajadores, perciben sueldos exagerados para lo que es el país y su economía, generando así diferencias, que realmente indigna. Es hora de responsabilidades y de que las asuman es el mandato histórico si se quiere.-