El desempleo juvenil en el país, dejó de ser un dato estadístico para convertirse en una señal de alarma social. Que uno de cada cuatro jóvenes esté desocupado, es decir una tasa cercana al 25%, tres veces superior a la media nacional,  no solo revela un problema: expone una falla profunda en el contrato social entre el país y su juventud.

En una sociedad donde el trabajo no es solo un medio de subsistencia sino un componente central de la identidad, la falta de empleo estable tiene consecuencias que van mucho más allá del bolsillo. Para miles de jóvenes, especialmente aquellos que pertenecen a los sectores más bajos de ingresos - la pobreza afecta al 20% o 25% de los hogares - no conseguir trabajo se vive como una herida a la autoestima, una marca de exclusión que condiciona el presente y erosiona el futuro.

El problema comienza antes de llegar al mercado laboral. Cerca del 30% de los jóvenes no culmina la educación secundaria, muchas veces no por falta de capacidad, sino porque el sistema educativo aparece desconectado de sus realidades, expectativas y urgencias económicas. Esa expulsión temprana alimenta el fenómeno de los llamados “ni-ni”, que ni estudian ni trabajan y que hoy representan entre el 15% y el 18% de la franja etaria de 15 a 24 años. 

La consecuencia es un círculo vicioso difícil de romper. Sin estudios completos, el acceso al empleo formal se vuelve casi imposible. Sin empleo, la motivación para retomar estudios se diluye. Y en ese vacío de oportunidades, la autoestima se resiente. Muchos jóvenes terminan asumiendo que no son necesarios, que no alcanzan, que el sistema no tiene lugar para ellos.

A esta realidad se suma un mercado laboral rígido, donde pesan: la burocracia, cultura litigiosa, regulaciones poco amigables para la primera experiencia laboral y, en algunos casos, una visión sindical más ideologizada que inclusiva. Así se emite un mensaje no deseable: el esfuerzo no garantiza oportunidades.

Para los jóvenes, especialmente en contextos de pobreza, la falta de trabajo suele leerse como fracaso personal, aun cuando las causas sean estructurales. Esa presión social genera vergüenza, frustración y, en no pocos casos, una retirada silenciosa de la vida productiva.

La vulnerabilidad tiene además derivaciones peligrosas. Cuando el ingreso rápido aparece como única salida, la informalidad y las actividades ilícitas ganan terreno. El narcotráfico, con su falsa promesa de ascenso y reconocimiento, se convierte en una opción concreta para jóvenes que no encuentran otra puerta abierta. No es casual que este fenómeno conviva con el aumento de la violencia: exclusión y delito suelen caminar juntos.

Frente a este escenario, la peor respuesta posible es la indiferencia. No alcanza con diagnósticos ni con programas aislados. Uruguay necesita una estrategia integral para su juventud: educación más flexible y conectada con el mundo del trabajo, incentivos reales a la contratación de jóvenes, formación técnica de calidad, y un marco laboral que proteja sin expulsar. Pero, sobre todo, necesita recuperar una idea básica: que cada joven cuenta.

Porque una sociedad que deja a su juventud de lado, no solo desperdicia talento. Compromete su propia cohesión, su seguridad y su futuro. Por lo tanto, el desempleo juvenil no es un problema de los jóvenes. Es un problema del país entero. Así lo deberíamos entender y enfrentar en sus solución.