Hay una diferencia enorme entre administrar un conflicto y dejar que el conflicto administre al país. Lamentablemente, eso es exactamente lo que viene ocurriendo en el puerto de Montevideo, particularmente en la terminal especializada de contenedores gestionada por Cuenta del Plata. Mientras las medidas sindicales se suceden una tras otra, afectando la operativa y sembrando incertidumbre entre exportadores, importadores y operadores logísticos, el gobierno transmite una imagen de preocupante indiferencia.

Lo verdaderamente alarmante ya no es el conflicto en sí. Lo grave es la absoluta incapacidad del Poder Ejecutivo para ejercer el liderazgo que la situación reclama. La omisión, si se quiere es también una forma de gobernar.  Pero, cuando esa omisión compromete la competitividad del país, el empleo y la confianza internacional, deja de ser un error para convertirse en una irresponsabilidad política.

El principal responsable de esta pasividad tiene nombre y apellido: el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Desde que asumió el cargo, su actuación parece responder más a la lógica de un dirigente sindical, como lo fue durante años, que a la de un integrante del Poder Ejecutivo. 

Un ministro no puede limitarse a contemplar los acontecimientos ni actuar como un simple observador de negociaciones interminables. Su obligación es garantizar condiciones para que las partes encuentren soluciones, preservando siempre el interés general por encima de cualquier interés sectorial.

Porque aquí ya no está en juego únicamente la relación entre una empresa y un sindicato. Lo que está en juego es la credibilidad de Uruguay como plataforma logística regional.

Durante décadas el país construyó una reputación basada en la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la confiabilidad de sus servicios portuarios. Ese prestigio permitió posicionar al puerto de Montevideo como un punto estratégico para el comercio internacional. Sin embargo, todo ese esfuerzo puede derrumbarse si el Estado transmite la sensación de que carece de voluntad o de capacidad para garantizar un funcionamiento razonablemente normal de una infraestructura estratégica.

Los mercados internacionales no esperan las discusiones políticas uruguayas. Las navieras no modifican sus decisiones por simpatía. Los grandes operadores logísticos actúan con criterios de eficiencia, costos y previsibilidad. Cuando un puerto comienza a mostrar conflictos permanentes, demoras reiteradas y ausencia de respuestas oficiales, simplemente buscan alternativas. Y una vez que esas cargas encuentran otros destinos, recuperarlas puede llevar años o, directamente, resultar imposible.

Cada jornada de conflicto representa pérdidas silenciosas que muchas veces no aparecen en las estadísticas inmediatas. Detrás de cada contenedor detenido existen contratos comerciales comprometidos, exportaciones demoradas, industrias que producen menos, transportistas que pierden viajes y trabajadores que terminan pagando las consecuencias de decisiones ajenas. El daño no se limita a una empresa. Alcanza a toda la cadena productiva y termina afectando la economía nacional.

Resulta incomprensible que un gobierno que insiste permanentemente en la necesidad de generar empleo y atraer inversiones permanezca prácticamente inmóvil frente a una situación que amenaza uno de los principales motores logísticos del país. La contradicción es evidente. Mientras se multiplican los discursos sobre crecimiento económico, se permite que uno de los pilares fundamentales de ese crecimiento funcione bajo una permanente incertidumbre.

El gobierno todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Pero cada día que pasa sin una intervención firme aumenta el costo económico, deteriora la imagen internacional del país y pone en riesgo miles de puestos de trabajo que dependen, directa o indirectamente, de la actividad portuaria.

La historia económica demuestra que los mercados perdidos rara vez regresan con facilidad. La confianza tampoco. Por eso, la mayor amenaza para Uruguay no es únicamente el conflicto sindical. Es la combinación de un gobierno ausente y un ministro que parece incapaz de comprender que defender el trabajo significa también garantizar que el país siga siendo competitivo.

Porque cuando quienes tienen la obligación de actuar eligen la pasividad, la omisión deja de ser una simple actitud. Se transforma en una forma de perjudicar al país.