La economía uruguaya atraviesa una etapa compleja y ambigua, en la que conviven señales positivas con desafíos estructurales de difícil resolución. La inflación en baja y la fortaleza del peso frente al dólar configuran un escenario de estabilidad monetaria que, a primera vista, transmite confianza. Sin embargo, debajo de esa superficie serena, se agitan tensiones fiscales, presiones sectoriales y riesgos que merecen atención.

La baja inflación, que se ha consolidado en un 4,7%, es sin duda uno de los logros más visibles de la actual política económica. El Banco Central ha logrado anclar las expectativas inflacionarias y preservar el poder adquisitivo, un hecho no menor en un contexto regional volátil. Paralelamente, el peso uruguayo se ha apreciado de forma sostenida frente al dólar, tendencia que genera una percepción de solidez macroeconómica pero también plantea interrogantes.

Por un lado, la moneda fuerte permite contener los precios de los bienes importados, abarata costos para sectores productivos que dependen de insumos del exterior y fortalece el ingreso real de los consumidores. Pero, por otro lado, debilita la competitividad de las exportaciones, encarece el turismo para los extranjeros y golpea con especial dureza a las empresas que facturan en pesos pero enfrentan costos en dólares, como sucede en varias ramas industriales y agroexportadoras. La llamada "enfermedad holandesa", o el riesgo de una apreciación cambiaria sostenida, vuelve a estar sobre la mesa.

A este panorama se suma un déficit fiscal que, si bien se ha intentado contener, continúa por encima del 3% del PIB y amenaza con ampliarse. El reciente rescate de la Caja de Profesionales Universitarios, con un aporte estatal extraordinario que rondará los 150 millones de dólares, marca un hito importante. No solo por el volumen de recursos implicados, sino porque abre una puerta peligrosa: la presión por rescatar otros sistemas previsionales deficitarios, sin una reforma estructural de fondo.

En paralelo, se intensifican las demandas de mayor presupuesto por parte de sectores estatales clave. Salud, educación, seguridad y justicia reclaman más recursos, tanto en términos salariales como en incorporación de personal. Y aunque parte de estas demandas son legítimas —sobre todo en áreas críticas como la salud mental o la educación técnica—, el margen fiscal es limitado. La discusión sobre el tamaño y eficiencia del Estado vuelve a cobrar protagonismo.

El gobierno enfrenta así una encrucijada: mantener la prudencia fiscal para preservar la estabilidad macroeconómica, o ceder ante presiones sociales y políticas, lo que podría erosionar la credibilidad ganada en estos años. Cualquier expansión del gasto público no financiado de manera sostenible podría comprometer la reducción del déficit y, eventualmente, forzar un ajuste futuro.

En este contexto, la sostenibilidad de la política económica depende cada vez más de decisiones estratégicas. Uruguay necesita reformas estructurales que trasciendan el cortoplacismo: modernizar el sistema previsional de forma integral, revisar el régimen de gastos tributarios, y redefinir el papel del Estado en áreas donde la eficiencia puede mejorarse sin sacrificar la calidad del servicio.

La estabilidad monetaria lograda no debe ser subestimada, pero tampoco idealizada. Es una base sobre la cual construir un crecimiento más equitativo, competitivo y duradero. Sin embargo, para lograrlo se requiere valentía política, visión de largo plazo y capacidad de diálogo entre gobierno, oposición y actores sociales.

Uruguay se encuentra, una vez más, ante la oportunidad de consolidar un modelo de desarrollo sostenible. Pero para ello debe evitar el autoengaño de pensar que estabilidad es sinónimo de fortaleza estructural. Porque sin reformas de fondo, la estabilidad puede ser apenas una pausa antes de nuevas turbulencias.