El invierno no ha hecho más que comenzar, y ya hay cinco personas muertas por dormir a la intemperie. No todas las causas fueron estrictamente por hipotermia, pero todas comparten un denominador común: la exclusión. La noticia es tan grave como recurrente. Año tras año, la llegada del frío extremo pone en evidencia una realidad que, aunque conocida, sigue siendo tratada como una emergencia transitoria y no como un problema estructural.

Las personas en situación de calle no fallecen solo por el frío. Mueren por abandono, por invisibilidad, por políticas insuficientes, por promesas incumplidas. Mueren porque, pese a que Uruguay es un país con herramientas institucionales, con diagnósticos disponibles y con voluntad política declarada, no se logra traducir eso en soluciones sostenidas y eficaces.

En esta primera ola de frío polar, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) decretó la emergencia nacional y comenzó a aplicar medidas compulsivas: el traslado forzoso a refugios para quienes se resistan. La medida es tan polémica como desesperada. Pone sobre la mesa una discusión de fondo: ¿hasta qué punto el Estado puede —o debe— obligar a alguien a ser ayudado? ¿Qué ocurre cuando esa ayuda no es percibida como tal por los propios destinatarios?

Muchos de los que hoy duermen en la calle son personas con largos historiales de consumo problemático, con trastornos de salud mental, o con antecedentes que los apartaron de los vínculos familiares y sociales. Algunos rechazan sistemáticamente ingresar a los refugios, ya sea por desconfianza, por experiencias negativas previas —como robos o violencia—, o por simple incapacidad de adaptación a un entorno colectivo. Esas personas existen y el Estado las conoce: el propio Mides admite haber identificado a la mayoría de quienes están en situación de calle. Entonces, si el diagnóstico está claro, ¿por qué no lo está la solución?

El modelo de refugios nocturnos ha demostrado ser insuficiente. No responde a las múltiples dimensiones del problema: habitacional, sanitaria, psicológica y social. Tampoco lo hacen las medidas forzosas si no se articulan con un sistema robusto de salud mental, con equipos de calle formados y sostenidos, y con estrategias de acompañamiento a largo plazo. El modelo de “primero la vivienda”, propuesto por todos los partidos en campaña, sigue siendo un eslogan más que una realidad.

Uruguay tiene desde 2017 una ley de salud mental que establece un enfoque comunitario y de derechos humanos. Sin embargo, carece de recursos para su implementación. Los centros de atención integral no se han desplegado, los equipos interdisciplinarios son escasos y los tratamientos para adicciones siguen dependiendo, en gran medida, de iniciativas puntuales más que de políticas de Estado. La internación compulsiva, avalada legalmente hace un año, es hoy una herramienta más, pero no una solución. Incluso ha sido duramente cuestionada por el Sindicato Médico del Uruguay, que advirtió sobre los riesgos de poner en manos de médicos de guardia decisiones tan complejas sin respaldo suficiente.

Mientras tanto, las muertes se acumulan. Y con cada una de ellas, el país pierde un poco más de su humanidad. Las respuestas de emergencia, por necesarias que sean, no deben ser excusa para no atacar las causas profundas del problema. Porque lo que mata no es solo el frío: es la falta de un plan que dure más que una temporada.

Hace falta planificación. Hace falta presupuesto. Hace falta, sobre todo, decisión política real para enfrentar una tragedia que ya no puede ser tratada como circunstancial. La calle no es un lugar para vivir, pero menos aún para morir.