La arremetida del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio contra el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú no sólo revive tensiones del pasado: también deja al descubierto una preocupante incoherencia en el uso del argumento ambiental. Se insiste, una vez más, con el paralelismo fácil con UPM, como si el tiempo no hubiera pasado y como si la evidencia acumulada no existiera. Sin embargo, los informes de la Comisión Administradora del Río Uruguay han sido claros y reiterados: el mayor aporte a la contaminación del río no proviene de la planta instalada en Fray Bentos, sino de la cuenca industrial de Gualeguaychú.

Un dato no menor. Durante años, la narrativa dominante colocó a la pastera como el principal enemigo ambiental del río. Hoy, la propia evidencia técnica demuestra lo contrario. Y más aún: cuando la planta de UPM ha tenido episodios puntuales de desviación o fallas operativas, estos han sido detectados, denunciados y obligados a ser corregidos bajo estrictos controles binacionales. Es decir, existe un sistema que funciona, que fiscaliza y que exige reparación.

Muy distinto es lo que ocurre en el río Gualeguaychú. Allí, la contaminación no sólo ha sido señalada como creciente, sino que carece de respuestas estructurales eficaces. No hay, hasta donde se conoce, un plan integral sostenido que apunte a revertir o erradicar el problema. El contraste es evidente: donde hay controles y exigencias, hay correcciones; donde predominan la desidia o la falta de decisión política, la degradación avanza.

En ese contexto, sorprende —aunque ya no tanto— que resurjan argumentos que rozan lo anecdótico. La llamada “contaminación visual”, esgrimida en su momento contra la instalación de la pastera, vuelve a aparecer como un recurso discursivo. Se habla de chimeneas que “quiebran el paisaje”, como si ese fuera el núcleo del problema ambiental.

Pero la experiencia también fue contundente en ese terreno: los temores sobre impactos severos en la salud, incluso en generaciones futuras, no se materializaron. Lo que sí quedó en pie fue una planta que genera empleo, dinamiza la economía y opera bajo estándares ambientales monitoreados de forma permanente.

Las chimeneas, en ese sentido, pueden alterar una postal, pero también representan algo más profundo: trabajo, inversión y desarrollo. Y resulta llamativo que ese tipo de “contaminación” sea tolerada —cuando no promovida— en territorio entrerriano, pero cuestionada con firmeza cuando se concreta en la margen uruguaya.

Por eso, el debate de fondo no parece ser estrictamente ambiental. Más bien, asoma una incomodidad difícil de disimular: la de ver cómo inversiones de escala global eligen radicarse en Uruguay en lugar de hacerlo en una provincia argentina con vastos recursos y potencial productivo.

Es legítimo plantear dudas, exigir garantías y reclamar estudios serios. Lo que no resulta convincente es construir oposición sobre bases selectivas, ignorando datos propios y sobreactuando riesgos ajenos. El río Uruguay, administrado de forma conjunta, exige responsabilidad compartida, no discursos parciales.

Porque cuando el ambientalismo se vuelve herramienta política antes que compromiso real, pierde credibilidad. Y en ese terreno, lo que queda en evidencia no es la defensa del medio ambiente, sino la persistencia de viejos reflejos que poco ayudan a construir soluciones comunes.