Hay algo profundamente irritante en determinadas operaciones de maquillaje político: se presenta a una figura como la gran renovación, como el aire fresco que viene a “jerarquizar” la política, como alguien que llega desde afuera de las estructuras tradicionales para devolverle prestigio a una actividad desprestigiada. Y después, apenas se abre la puerta del poder, aparece el familiar acomodado en un cargo público.

¡Qué casualidad! La vieja política, esa que supuestamente había que superar, tiene estas pequeñas costumbres. El apellido correcto, la cercanía correcta, el vínculo correcto y, de pronto, aparece un cargo, una función y un sueldo que difícilmente conseguiría cualquier hijo de vecino golpeando las puertas de la Administración.

Naturalmente, siempre habrá una explicación administrativa. Siempre habrá un argumento técnico. Siempre se podrá decir que la persona tiene méritos, experiencia y condiciones.

Pero hay una pregunta que nadie debería esquivar: ¿habría conseguido exactamente la misma oportunidad si no llevara ese apellido? Porque ése es el verdadero problema. No se trata de negar a nadie el derecho a trabajar. Se trata de preguntarse por qué el Estado continúa siendo utilizado como plataforma de colocación para los allegados al poder mientras miles de uruguayos deben competir, estudiar, capacitarse y esperar durante años para conseguir una oportunidad laboral digna. Y entonces aparece la palabra mágica: “jerarquización”.

Jerarquizar la política no significa cambiarle el envoltorio a las viejas prácticas. Mucho menos convertir al Estado en una agencia de empleo familiar. Pero existe otra contradicción todavía más preocupante.

Quienes durante años estuvieron vinculados al periodismo saben perfectamente que la democracia no funciona con ciudadanos domesticados, micrófonos obedientes y opiniones previamente autorizadas. El periodismo nació precisamente para preguntar, incomodar, investigar y poner el dedo donde duele.

Sin embargo, ahora escuchamos discursos que, en nombre de combatir el denominado “discurso de odio”, plantean avanzar sobre las expresiones realizadas en redes sociales, desde podios o a través de micrófonos.

Aquí conviene detenerse. Nadie sensato defiende la violencia, las amenazas ni la incitación al delito. Pero una democracia adulta no puede resolver el problema de las expresiones ofensivas entregándole al poder político un marcador para determinar qué se puede decir y qué debe ser castigado.

Porque la pregunta siguiente es inevitable: ¿quién decide qué es odio? ¿El gobernante? ¿El funcionario? ¿Un organismo estatal? ¿Una comisión? ¿Un juez sometido a una nueva legislación?

Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando mañana cambia el gobierno y quienes hoy piden censurar determinadas expresiones pasan a ser ellos mismos el blanco de esas herramientas? La historia está llena de ejemplos de censuras que comenzaron prometiendo proteger a la sociedad de los excesos y terminaron protegiendo al poder de la sociedad. Por eso resulta particularmente preocupante que quienes llegan hablando de renovación parezcan descubrir rápidamente dos viejas tentaciones de la política uruguaya: el Estado como botín y el ciudadano como alguien al que hay que enseñarle qué puede decir. Eso no es jerarquizar la política. Eso es cambiar los protagonistas manteniendo intacto el libreto.

La verdadera renovación sería mucho menos glamorosa: concursos transparentes, criterios objetivos, salarios justificados, familiares que no reciban privilegios por proximidad al poder y gobernantes capaces de soportar críticas sin correr inmediatamente a buscar una ley que las castigue. Porque cualquiera puede hablar de ética cuando no tiene poder. La prueba empieza cuando lo consigue.Y cualquiera puede defender la libertad de expresión mientras escucha opiniones que comparte.

La verdadera prueba aparece cuando alguien dice exactamente aquello que el poderoso no quiere escuchar.

Ahí se descubre quién llegó para renovar la política y quién simplemente llegó para ocupar el lugar de los anteriores.

Porque los uruguayos ya conocen demasiado bien aquella vieja historia: primero prometen cambiar el sistema y después descubren las comodidades de pertenecer a él.