El pasado 20 de mayo, Uruguay volvió a mirar una de las heridas más profundas de su historia reciente: la desaparición de personas durante la dictadura. Se trata de un reclamo legítimo, profundamente humano y que merece respeto. Sin embargo, también es válido preguntarse si, con el paso del tiempo, el debate público sobre aquellos años no ha ido perdiendo matices en favor de una narrativa cada vez más rígida y excluyente.

La construcción de la memoria colectiva es una tarea compleja. Ninguna sociedad puede avanzar ignorando su pasado, pero tampoco resulta saludable que determinados sectores pretendan monopolizar su interpretación. Cuando una causa se transforma en patrimonio exclusivo de una corriente política, corre el riesgo de dejar de ser una causa nacional para convertirse en una herramienta de confrontación.

Durante la transición democrática existió una percepción ampliamente compartida de que el país había atravesado un período oscuro y traumático, marcado por responsabilidades múltiples y dolores extendidos. Esa visión fue la que permitió reconstruir instituciones, restaurar la convivencia y encontrar caminos de salida. No es casual que la Ley de Caducidad, más allá de las controversias que generó y sigue generando, fuera ratificada en dos consultas populares, reflejando una decisión soberana de la ciudadanía en un contexto histórico determinado.

Con los años, sin embargo, el relato sobre aquella etapa parece haber evolucionado hacia posiciones más absolutas. En ocasiones, quien cuestiona determinados enfoques o plantea dudas sobre algunas decisiones judiciales es rápidamente ubicado en uno de los extremos del debate, como si no existiera espacio para reflexiones intermedias. La discusión pública se empobrece cuando solo admite adhesiones incondicionales o condenas automáticas.

También cabe preguntarse qué objetivos persigue hoy la justicia cuando procesa y encarcela a personas de edad muy avanzada por hechos ocurridos hace más de medio siglo. Se trata de una discusión incómoda, pero necesaria. La búsqueda de verdad y responsabilidad es un valor esencial del Estado de Derecho. Sin embargo, corresponde debatir serenamente sobre el equilibrio entre justicia, proporcionalidad y humanidad, especialmente cuando los acusados son personas octogenarias y cuando algunos de los hechos investigados involucran a individuos que, en aquel entonces, ocupaban posiciones subalternas dentro de estructuras mucho más amplias de poder.

Reducir aquellos años a una confrontación entre buenos y malos tampoco ayuda a comprender lo ocurrido. La violencia política que precedió al golpe de Estado, la acción de organizaciones armadas que buscaban transformar radicalmente el sistema institucional, la represión ilegal desplegada por el aparato estatal y las actitudes de sectores civiles que primero alentaron determinadas conductas y luego guardaron silencio frente a los excesos forman parte de una realidad mucho más compleja de lo que suelen admitir los relatos simplificados.

Las sociedades maduras no temen a la complejidad. Por el contrario, la asumen. La memoria auténtica no necesita consignas excluyentes ni verdades únicas. Necesita debate, honestidad intelectual y capacidad de reconocer que la historia rara vez se ajusta a esquemas binarios.

Uruguay debe seguir buscando verdad y preservando la memoria de lo ocurrido. Pero también debe evitar que esa memoria sea utilizada como instrumento de división permanente. Porque cuando una sociedad sustituye la reflexión por el dogma, corre el riesgo de abrir nuevas heridas mientras cree estar cerrando las antiguas. Y las consecuencias de ese camino, tarde o temprano, terminan alcanzando a todos.