Durante años, Uruguay intentó convencerse de que la violencia extrema era un fenómeno ajeno, propio de otras geografías latinoamericanas o de grandes centros urbanos desbordados por el narcotráfico. Se relativizó el crecimiento del crimen organizado, se escondieron cifras detrás de tecnicismos estadísticos y muchas veces se transformó la inseguridad en una discusión ideológica, más preocupada por el relato político que por la realidad cotidiana de la gente. Pero las palabras pronunciadas por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en el Parlamento Nacional terminaron derrumbando cualquier intento de maquillaje: la cantidad de homicidios es “impresionante”.

No se trata de una declaración partidaria ni de un discurso opositor. Es la máxima jerarca del Ministerio Público reconociendo institucionalmente que el país atraviesa una degradación profunda en materia de seguridad. Y lo más preocupante es que ya no estamos únicamente frente a ajustes de cuentas entre bandas narcocriminales. Esa frontera desapareció hace tiempo.

Hoy las balaceras atraviesan paredes, alcanzan niños, destruyen familias y convierten barrios enteros en territorios donde el miedo empieza a ser rutina. Los llamados “daños colaterales” dejaron de ser excepcionales para transformarse en parte habitual del paisaje social. Vecinos ajenos a cualquier delito terminan atrapados en venganzas, errores o disputas territoriales entre organizaciones criminales que operan con una ferocidad cada vez mayor.

El problema ya no es solamente policial. Es cultural, social e institucional.

Porque cuando una sociedad comienza a convivir diariamente con homicidios, ejecuciones y ataques armados sin capacidad de asombro, el deterioro deja de medirse únicamente en estadísticas. Empieza a erosionarse algo mucho más profundo: la percepción del valor de la vida, la confianza en el Estado y la noción misma de convivencia.

La advertencia de Ferrero también deja otro mensaje incómodo que la dirigencia política muchas veces evita enfrentar. El crimen organizado no se combate con frases efectistas, conferencias de prensa ni soluciones mágicas de campaña electoral. Investigar estructuras narcocriminales requiere inteligencia criminal, seguimiento financiero, coordinación internacional, tecnología, recursos humanos altamente especializados y tiempo operativo real.

Y allí aparece otra contradicción peligrosa: mientras el delito se vuelve más sofisticado, el sistema continúa discutiendo reformas parciales, plazos procesales insuficientes y debates burocráticos que muchas veces terminan favoreciendo aquello que supuestamente se pretende combatir: la impunidad.

No alcanza con aumentar penas si después el Estado carece de capacidad estructural para investigar redes complejas. Tampoco sirve convertir cada homicidio en un episodio aislado cuando en realidad forman parte de un fenómeno criminal mucho más amplio y organizado.

Lo verdaderamente alarmante es que Uruguay parece haberse acostumbrado a administrar la crisis en lugar de enfrentarla. Cada nueva ejecución genera indignación por algunas horas, pero rápidamente es reemplazada por otra noticia, otra balacera, otro muerto más. Esa normalización es quizás el síntoma más grave de todos.

Porque los países no se derrumban únicamente cuando el crimen crece. También se deterioran cuando la sociedad pierde sensibilidad frente a la violencia y comienza a aceptar como inevitable aquello que debería resultar intolerable. El país  vive una etapa crítica. Negarlo ya no es ingenuidad política. Es irresponsabilidad.