Como es notorio, el Gobierno dispuso la obligatoriedad de los servicios mínimos y el sindicato respondió con un paro nacional portuario de 24 horas. SUPRA sostiene que la resolución limita el derecho de huelga. Pero no reconoce ni tiene en cuenta que ningún derecho puede ejercerse desconociendo las consecuencias que provoca al conjunto de la sociedad. El puerto no es una actividad cualquiera. Es parte básica y fundamental de la economía nacional. Cuando una carga no sale, un buque debe esperar, un camión queda detenido o una exportación pierde una conexión, el perjuicio no es a una o varias empresas, sino que perjudica al país.

Un puerto que pierde regularidad pierde competitividad; un país que transmite incertidumbre puede perder negocios, inversiones y confianza. Recuperar esa confianza siempre resulta más difícil que conservarla.

Uruguay ha trabajado intensamente durante años para consolidar un plataforma logística regional. Ampliar su capacidad portuaria y los compromisos de inversión asumidos apuntan precisamente en esa dirección. Por eso resulta contradictorio que una actividad de semejante importancia pueda quedar condicionada por un conflicto que, aun teniendo un origen laboral, termine generando costos y perjuicios sobre toda la economía.

Aquí aparece la responsabilidad del Gobierno. Si entiende que los servicios mínimos son necesarios para proteger una actividad estratégica, debe sostener esa decisión dentro del marco legal y garantizar su cumplimiento.Lo que no puede hacer es dictar una resolución y luego permitir que una medida de fuerza la convierta, en los hechos, en letra muerta.

La autoridad del Estado no consiste solamente en emitir normas. Consiste en hacerlas cumplir. Pero la responsabilidad no es exclusivamente gubernamental. El sindicalismo tiene también tiene la responsabilidad de medir el impacto de sus medidas cuando afectan servicios e infraestructura de importancia nacional. 

El puerto no pertenece al sindicato. Tampoco pertenece exclusivamente a una empresa. Es parte de la infraestructura estratégica del Uruguay. Por eso el Gobierno debe evitar dos extremos igualmente inconvenientes: desconocer el derecho de huelga y renunciar a ejercer la autoridad que le corresponde. La salida no pasa por la confrontación permanente. Pasa por negociar, buscar acuerdos y, cuando sea necesario, establecer límites claros y hacerlos respetar.

Porque detrás de esta disputa hay una cuestión que trasciende a TCP, a SUPRA y al Ministerio de Trabajo: la previsibilidad con la que Uruguay pretende presentarse ante el mundo y la capacidad del Estado para garantizar las reglas que establece.

El país no puede quedar sometido a una lógica en la que cada conflicto estratégico termine resolviéndose según quién tenga mayor capacidad para paralizar. El interés general debe prevalecer sobre cualquier interés sectorial. Por eso ha llegado la hora de que el Gobierno defina con claridad su posición y actúe en consecuencia. Porque cuando una autoridad establece una regla y no logra hacerla respetar, el problema ya no es solamente la medida en cuestión.

Es la autoridad del Estado. Y esa autoridad no puede nunca quedar en discusión cada vez que a un sindicato se le ocurra.