Los departamentos del norte del país enfrentan desventajas competitivas que no se resuelven con discursos sobre descentralización. El costo de la energía, los fletes, la distancia respecto de los principales centros de consumo y las carencias de infraestructura inciden directamente en las decisiones empresariales.

Las inversiones encuentran mejores condiciones en el sur, donde se concentra buena parte de la infraestructura, los servicios y la actividad económica. Mientras tanto, el Interior sigue esperando iniciativas capaces de transformar su realidad. Así, las desigualdades que las políticas públicas deberían corregir terminan reforzándose. Pero en Salto existe una razón adicional para el reclamo: la historia de Salto Grande y las expectativas que despertó su construcción.

Cuando se proyectó y construyó la represa, impulsada también por el esfuerzo y la lucha de salteños y habitantes de esta región, se habló de un plan integral de desarrollo para el entonces llamado Litoral Norte. La generación de energía debía ser mucho más que una obra de infraestructura: tenía que constituirse en una herramienta para atraer industrias, extender el riego, mejorar las condiciones productivas y promover inversiones que cambiaran el destino económico de la región.

También se esperaba que el ahorro nacional derivado de la generación hidroeléctrica, al reducir la dependencia de centrales térmicas alimentadas con combustibles costosos, contribuyera a financiar nuevas oportunidades de desarrollo.

Sin embargo, buena parte de aquellas expectativas quedaron por el camino. El anunciado impulso industrial no alcanzó la dimensión esperada, el desarrollo regional siguió postergado y las compensaciones económicas que tantas veces se reclamaron no se tradujeron en un mecanismo equivalente al de las regalías que recibe la vecina provincia argentina de Entre Ríos.

El problema de fondo es el centralismo. Cuando la generación hidroeléctrica permitió reducir costos y aliviar la dependencia energética, el beneficio se incorporó a la economía nacional sin que el Litoral Norte obtuviera una participación directa y sostenida que compensara su aporte y promoviera su desarrollo.

La riqueza se genera en esta región, pero las decisiones sobre su aprovechamiento se toman lejos de ella. Salto y los departamentos vecinos continúan soportando las dificultades propias de su ubicación geográfica, sin contar con un instrumento permanente que transforme la presencia de Salto Grande en inversiones, empleo y crecimiento.

Por supuesto, la energía producida por la represa beneficia al conjunto del país. No se trata de desconocer esa realidad ni de reclamar privilegios injustificados, sino de exigir una política de desarrollo territorial que reconozca el aporte de la región y corrija desigualdades históricas.

La descentralización verdadera requiere infraestructura, logística, formación laboral, condiciones competitivas y decisiones políticas concretas. También exige discutir mecanismos de inversión regional que permitan transformar parte de la riqueza generada en nuevas oportunidades productivas.

Mientras la burocracia estatal absorba recursos sin que exista una estrategia clara para impulsar el desarrollo del Interior, los anuncios seguirán chocando contra la realidad. El país necesita administrar responsablemente sus recursos, no convertirlos en combustible de una estructura política que parece encontrar siempre nuevas prioridades antes que atender las necesidades de las regiones postergadas.

Salto Grande no puede seguir siendo únicamente una fuente de energía para el Uruguay. Debe convertirse también en una palanca de desarrollo para Salto y el Litoral Norte. Después de tantas décadas, la pregunta sigue vigente: ¿cuánto más deberá esperar esta región para recibir, en oportunidades concretas, una parte del progreso que ayudó a generar?

La descentralización no se demuestra con discursos. Se demuestra con inversiones, empleos y decisiones que permitan al Norte dejar de ser el eterno postergado.