Hay momentos en los que un jerarca debe medir cuidadosamente sus palabras. Y lugares donde, además, debe escuchar antes de responder. Ayer, en Salto, el ministro del Interior, Carlos Negro, tuvo delante suyo a periodistas, comerciantes, empresarios y ciudadanos que le plantearon una preocupación concreta: la inseguridad que se vive en la ciudad y la percepción de que la presencia policial resulta insuficiente. La respuesta del ministro, según lo expresado, fue que el retiro de efectivos de la Guardia Republicana no es real, porque los funcionarios fueron redistribuidos en la región.

Puede ser una explicación administrativa. Pero difícilmente pueda ser considerada una respuesta suficiente para quien todos los días tiene que cerrar su comercio con temor, para quien ha sufrido una rapiña o para quien observa cómo determinados espacios públicos han dejado de transmitir la tranquilidad de otros tiempos. Porque los números y las planillas pueden decir una cosa. La calle puede estar diciendo otra.

En Salto se han producido rapiñas en zonas céntricas y hasta en lugares emblemáticos como la Plaza Artigas. Hace pocos días, un delincuente armado ingresó a un comercio, amenazó a los presentes y apuntó incluso contra un bebé. Ese hecho no es una sensación. Es un episodio concreto que ayuda a explicar por qué comerciantes y vecinos reclaman mayor presencia policial.

Y frente a esa realidad, decir que los efectivos no fueron retirados sino redistribuidos puede ser técnicamente correcto. Pero políticamente, institucionalmente y humanamente deja una pregunta que el ministro debería responder: ¿dónde están los efectivos que necesita Salto?

Porque si la Guardia Republicana tenía una presencia visible, disuasiva y efectiva, y esa presencia disminuyó, poco importa cómo se denomina administrativamente el movimiento de personal. Para el ciudadano que queda esperando ayuda, la diferencia entre “retiro” y “redistribución” es una discusión semántica.

Lo que importa es la seguridad. Y aquí aparece el problema de fondo. El propio gobierno ha reconocido que la seguridad constituye una prioridad nacional. El presidente Yamandú Orsi sostuvo meses atrás que seguridad, infancia y situación de calle eran prioridades y señaló la necesidad de reasignar recursos y buscar otros. Entonces cabe preguntar: ¿cómo se compatibiliza esa prioridad con una realidad en la que el interior vuelve a reclamar recursos policiales?

Montevideo no puede ser siempre el centro de todas las decisiones. Uruguay no termina en el arroyo Carrasco y el Santa Lucía. También existen ciudadanos que pagan impuestos, trabajan, producen, comercian y tienen derecho a caminar por sus ciudades sin sentir que deben acostumbrarse a convivir con el delito.

Y Salto no está pidiendo privilegios. Está pidiendo presencia. El ministro Negro tiene derecho a defender su política, explicar sus decisiones y sostener que los recursos se distribuyen de determinada manera. Lo que no puede desconocer es que detrás del reclamo existe una comunidad que está manifestando una preocupación real.

La seguridad no se administra solamente desde un escritorio. También se mide caminando las calles. Y cuando una ciudad reclama más policías, más patrullaje y mayor presencia de la Guardia Republicana, quizás la respuesta que espera no sea una explicación sobre redistribución de efectivos, sino una señal concreta de que el Estado entendió el reclamo. Porque cuando la gente siente que está quedando librada a su suerte, las palabras oficiales dejan de alcanzar. Y ayer, en Salto, el ministro tuvo una oportunidad para demostrar que había escuchado.

Ahora corresponde ver si, además de escuchar, actúa.