El Gobierno encontró una fórmula para no decidir lo que todos saben que tarde o temprano deberá decidir. Al  establecer “servicios mínimos” en la Terminal Cuenca del Plata (TCP),  evitando declarar la esencialidad. Es una salida prolija en el papel, políticamente cómoda y, en los hechos, insuficiente. Porque los servicios mínimos no terminan con el conflicto. Apenas intentan administrar sus consecuencias. Y mientras empresa y sindicato continúan enfrentados, el puerto sigue sometido a una incertidumbre que no paga solamente TCP ni sus trabajadores. La paga el país.

Cuando se paraliza o se enlentece una terminal portuaria, el problema no queda encerrado detrás de los muelles. Se traslada al exportador que espera embarcar su producción, al importador que necesita recibir mercadería, al transportista que debe cumplir sus compromisos, al productor que depende de insumos, a la industria, al comercio y, finalmente, al consumidor.

Por eso resulta difícil entender que, ante un conflicto que lleva demasiado tiempo y que amenaza con extender sus costos sobre amplios sectores de la actividad, la respuesta del Gobierno sea simplemente pedir más tiempo y apostar nuevamente a la negociación.

Negociar es necesario. Pero negociar no puede convertirse en una excusa para no gobernar. 

La decisión adoptada por el Ejecutivo tampoco parece haber conformado a nadie. La empresa pretendía garantías mayores para asegurar la continuidad de la operativa. El sindicato rechaza la posibilidad de una esencialidad y mantiene sus reclamos. Y el Gobierno queda en el incómodo papel de intentar satisfacer a todos, sin satisfacer realmente a nadie.

Uruguay necesita saber si su principal terminal de contenedores puede funcionar de manera sostenida, previsible y eficiente. No solamente durante los días en que existe una tregua, sino todos los días del año.

Y aquí aparece una responsabilidad que trasciende al actual conflicto.

La inversión realizada y comprometida en TCP es de enorme magnitud y está respaldada por un acuerdo de largo plazo. Katoen Natie asumió compromisos de inversión por cientos de millones de dólares y ya ha ejecutado una parte sustancial de ese programa. Esas inversiones no pueden ser consideradas como si fueran un detalle menor de una disputa laboral. Pero tampoco puede olvidarse el interés general. El puerto como política de Estado

En paralelo, Montecon ha desarrollado durante años su actividad en el puerto de Montevideo bajo distintos permisos otorgados por sucesivos gobiernos. La empresa incluso ha planteado inversiones de gran magnitud para desarrollar una segunda terminal de contenedores.

Las controversias políticas y las versiones que han acompañado esta discusión forman parte de la historia reciente del puerto, pero no corresponde convertirlas en verdades sin pruebas.

Lo que sí corresponde preguntarse es algo mucho más importante: ¿qué puerto quiere Uruguay?

¿Uno condenado a convivir permanentemente con conflictos, incertidumbres y paralizaciones? ¿O un verdadero hub regional capaz de captar cargas de Argentina, Brasil y Paraguay y convertirse en una plataforma logística de primera línea? La oportunidad existe. Pero también puede perderse.

La posición del ministro de Trabajo, Juan Castillo, contraria a la declaración de esencialidad, es conocida. También lo son las advertencias sindicales de recurrir a la Organización Internacional del Trabajo si se adopta una medida de ese tipo. Pero un Gobierno no puede mirar solamente uno de los lados del mostrador.

Debe escuchar al trabajador y a la empresa, sí. Pero también debe escuchar al productor, al exportador, al importador, al transportista, a la industria y a todos aquellos que dependen de que el puerto funcione.

Porque en este conflicto hay algo que parece haberse olvidado: la flexibilidad es parte de cualquier negociación inteligente. A veces es preferible ceder hoy y conservar lo esencial antes que llevar una disputa al extremo y terminar perdiendo todos. Empresa y sindicato tienen la obligación de comprenderlo. Y el Gobierno tiene una obligación todavía mayor: gobernar.

Uruguay no puede darse el lujo de convertir su principal puerta comercial en rehén de una disputa interminable.

Porque cuando el puerto se detiene, no se detiene solamente una terminal: se frena una parte del Uruguay productivo. Y esa factura, como tantas otras, termina pagándola la gente. Es lo que se debe entender y atender.