La reciente caída de las acciones de Solaria en la Bolsa de Madrid, que el jueves 22 de octubre llegaron a retroceder cerca de un 8% y tocaron su mínimo de las últimas 52 semanas, agrega un elemento de preocupación. Una jornada bursátil negativa no demuestra que el proyecto vaya a fracasar, pero obliga a examinar con rigor la capacidad financiera de la empresa y la viabilidad de una operación cuyo monto anunciado supera ampliamente su actual valor bursátil.

Uno de los aspectos más cuestionables del negocio es el generoso tratamiento que recibiría la compañía española. Según los términos planteados, la operación contempla beneficios fiscales vinculados al régimen de zona franca, la eventual cesión de terrenos y un compromiso de compraventa de energía a largo plazo, mientras UTE deberá afrontar inversiones en infraestructura para hacer posible el emprendimiento, para lo que ahora se supo deberá invertir entre 120 a 200 millones de dólares.

La pregunta es inevitable ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para atraer una inversión privada? ¿Por qué una empresa extranjera debería recibir ventajas tributarias y facilidades que no necesariamente están al alcance de los emprendimientos nacionales que producen, invierten y generan empleo en Uruguay?

Las exoneraciones no son gratuitas, aunque así puedan presentarse en los anuncios oficiales. Cada impuesto que se deja de recaudar representa ingresos públicos que el Estado resigna y que, de una u otra manera, deberán compensarse. Son recursos que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud o seguridad. Si a ello se agregan terrenos, conexiones eléctricas y compromisos de compra de energía durante décadas, la discusión deja de ser un simple incentivo a la inversión: se convierte en una cuestión de interés nacional.

¿Se ha calculado cuánto dejará de percibir el país por las exoneraciones? ¿Qué beneficios concretos recibirá Uruguay a cambio? ¿Cuántos empleos permanentes se crearán y con qué remuneraciones? ¿Qué proporción de las ganancias quedará efectivamente en el país? ¿Se exigirán metas de inversión y empleo cuyo incumplimiento obligue a devolver los beneficios recibidos?

No sería aceptable que una empresa obtuviera ventajas extraordinarias por anticipado mientras los beneficios para la sociedad quedaran sujetos a promesas y expectativas. Las exoneraciones deben tener una justificación económica demostrable, condiciones estrictas y mecanismos de revisión. De lo contrario, el Estado corre el riesgo de subsidiar indirectamente una actividad privada sin garantías suficientes de retorno social.

¿Quiénes son esos inversores? ¿Existe algún compromiso firme de su parte? ¿Qué sucederá si nunca aparecen?

A ello se suma el eventual contrato de compraventa de energía por 40 años. ¿A qué precio comprará UTE la electricidad? ¿Quién asumirá los costos de conexión y mantenimiento? ¿Qué garantías tendrá el Estado ante incumplimientos? ¿Se ha evaluado si el precio pactado será conveniente para el sistema eléctrico uruguayo durante un período tan prolongado?

La experiencia nacional aconseja cautela. La regasificadora y la frustrada experiencia de Pluna dejaron lecciones sobre proyectos presentados como oportunidades estratégicas cuyos resultados terminaron alejándose de las expectativas iniciales. No significa que Solaria vaya a correr la misma suerte, sino que el país no puede permitirse repetir errores por entusiasmo político, improvisación o controles insuficientes.

Uruguay necesita inversiones, empleo y desarrollo tecnológico. Pero atraer capital extranjero no puede convertirse en una carrera por ofrecer ventajas fiscales cada vez mayores, mientras las empresas nacionales continúan soportando sus obligaciones tributarias y los ciudadanos financian los servicios públicos.

El Poder Ejecutivo debe publicar los documentos disponibles, transparentar las exoneraciones, cuantificar el costo fiscal y explicar las garantías exigidas. Si el negocio es tan conveniente como se afirma, sus defensores deberían poder demostrarlo con números, condiciones verificables y compromisos firmes.