La inseguridad es omnipresente en la vida de todos los uruguayos, por lo menos para aquellos que vivimos en las ciudades. Ni hablar, para los que habitamos en la ciudad de Montevideo. Según datos de la encuesta MPC de setiembre del 2023, el 73% de los uruguayos se siente inseguro, cifra que sube al 81% en la capital del país y zona metropolitana. Por supuesto que en los barrios más pobres la inseguridad es aún mayor que en Carrasco o Punta Gorda, cuyas mayores posibilidades económicas le permiten una mejor defensa frente a la rampante criminalidad.

El año 2024 cerró con 414 asesinatos (uno cada 20 hs) y más de 150.000 robos y rapiñas (uno cada 4 minutos). El crecimiento desde 1984 fue de más de 15 VECES. Además, desde el año 2005 la suba ha sido sostenida y sistemática y nunca más bajó, hasta el comienzo de la actuación del fallecido Jorge Larrañaga al frente del Ministerio del Interior en el Gobierno anterior. Para terminar la presentación de este “estado de situación” criminal, según un estudio realizado por el CINVE (Centro de Investigaciones Económicas) para el BID hace unos años atrás, los efectos económicos del delito superan los 1200 millones de dólares anuales, lo que costaría construir unas 1200 escuelas ó 600 liceos ó 50 hospitales totalmente equipados. De esa astronómica cifra más de 200 millones corresponden a lo que se roba directamente de los hogares o de la gente en la calle y más de 400 millones corresponden a lo que gastan las familias uruguayas en implementos de seguridad.

Un aumento explosivo de la criminalidad (como claramente ha sucedido durante los gobiernos del FA) se puede explicar por 3 causas:

A) Demográficas, es decir, que en ese mismo período de tiempo la población haya aumentado descontroladamente. No sucedió: prácticamente seguimos siendo los mismos poco más de 3 millones de la salida de la dictadura, y más envejecidos.

B) Aumento explosivo de la pobreza: tampoco sucedió. Por el contrario, la dictadura nos dejó con 46% de población pobre (en gran medida como consecuencia de la ruptura de la “tablita”) y ya en el primer gobierno de Sanguinetti bajó a 21%. El último gobierno frentista nos decía que andaba por el 9%. Lo más probable es que sea el triple, por lo menos. De todas maneras, es menos que en el final del “proceso cívico-militar”. Y tampoco se puede criminalizar la pobreza, pues sería algo totalmente injusto amén de erróneo.
Entonces, ¿cuál es la causa verdadera?

C) Educación: madre de todo lo bueno y lo malo que pasa en una sociedad. La dramática caída de la educación pública (hace rato pervertida en adoctrinamiento en los niveles terciarios y secundarios) tanto en transmisión de conocimiento técnico como de pensamiento crítico y libertario (en cuanto a conducta individual) es conocida por todos (pero denunciada por casi ninguno). Sin embargo, la tercera gran misión de la educación es la que más está detrás de este “estado de situación criminal”: la transmisión de un sistema de valores (estructurante fundamental de la personalidad y las conductas del adolescente y el adulto) que ha sido claramente destrozado por la influencia de la izquierda marxista en el proceso educativo público desde 1985 hasta vaya a saber cuándo terminará…Entre otros, destrozó el equilibrio entre deberes y derechos en beneficio de los primeros en una postura típica del eterno deseo de ser adolescentes que los caracteriza (llamado “Síndrome de Peter Pan”), y volvió a las figuras conformantes de la estructura moral en el aparato psíquico (padres, maestros y docentes) en meros “amigos” de niños y adolescentes con las dramáticas consecuencias en por lo menos 3 generaciones de adicción a drogas, fracaso educativo y …criminalidad. Claro que analizar en profundidad este tercer (y principal) factor de la explosión criminal en el Uruguay daría para escribir un libro.

En este escenario, claro, ustedes se preguntarán qué pasa con los “articulitos” de la Constitución que mandatan al gobierno a proteger “las vidas y los bienes” de todos los habitantes de la República: ¿de qué DDHH hablamos?: Más de 6000 asesinados desde el 2010 (436 de ellos en las cárceles del INR y contando),y más 700.000 rapiñas y robos cometidos.