Días pasados, la DEA decidió capturar a Sebastián Marset, quien se encontraba refugiado y protegido hasta entonces por autoridades bolivianas. También es cierto que el nuevo régimen del presidente Paz estableció las condiciones políticas para que ello ocurriera, entre otras, precisamente la habilitación a la DEA para actuar en Bolivia. Esta agencia había sido expulsada en 2008 por el entonces presidente Evo Morales, quien sostuvo que sus agentes intervenían en los asuntos internos del país. A partir de dicha expulsión, Bolivia se convirtió en refugio de narcotraficantes, entre ellos Sebastián Marset.

El caso Marset presenta varias aristas que merecen ser destacadas; todas ellas confluyen en la corrupción de los sistemas judiciales y políticos que imperan en estos países, especialmente en Uruguay. Sí, en Uruguay principalmente, aunque pretendamos ser los impolutos del continente, estamos muy lejos de serlo. Esa fachada de democracia republicana plena, de bajos índices de corrupción y de país de primera, ha sido un producto bien vendido, pero no resiste un análisis serio de la realidad que estamos viviendo, y mucho menos de la que lamentablemente viviremos.

Marset utilizó todas las debilidades que le brindó nuestro país, principalmente las del sistema de justicia y de operadores políticos de primera línea. Debe recordarse que la ex fiscal Darviña Viera fue investigada administrativamente tras la desaparición de un audio clave de la declaración de Marset en 2018, cuando encabezaba la Fiscalía de Atlántida en una causa por homicidio. Esta pérdida, junto a otros documentos, dificultó la imputación y contribuyó a que Marset quedara en libertad.

En mayo de 2019, la jueza de Crimen Organizado, María Helena Mainard, solicitó al Instituto Técnico Forense (ITF) la planilla de antecedentes judiciales de Marset. Allí constaba que tenía pendiente cumplir una pena de prisión de siete meses por receptación y otra de dos años y nueve meses por posesión de estupefacientes. Si bien ambas sentencias estaban firmes antes de su liberación, problemas de coordinación institucional provocaron que la Justicia no lo advirtiera y lo liberara antes de tiempo. Tampoco lo hizo el fiscal del caso, Luis Pacheco, quien incluso había solicitado la extinción de la pena.

Con ese cúmulo de errores judiciales, Marset recupera la libertad y comienza a escalar en las organizaciones criminales regionales, hasta convertirse en uno de los principales líderes del tráfico de cocaína. Su prestigio delictivo era ampliamente conocido y, a nivel de inteligencia, se lo calificaba como un “narco pesado”. Con todos estos antecedentes, y estando detenido en Dubái por tenencia de un pasaporte falso, el gobierno le tramitó en forma exprés un nuevo pasaporte con nacionalidad uruguaya, lo que le permitió eludir la extradición a Paraguay. Una vez en libertad, ordenó el crimen del fiscal paraguayo Dr. Marcelo Pecci.

Debe recordarse, asimismo, que la autora intelectual de la entrega del pasaporte fue la actual embajadora de Uruguay en Portugal, Carolina Ache, quien, en entrevista con el abogado de Marset, dispuso la entrega del documento.

Los hechos no mienten. Podrán existir diversas interpretaciones técnicas y jurídicas del decreto que avala la entrega de pasaportes a ciudadanos uruguayos en el extranjero, pero la ratio legis no estaba concebida para un ciudadano privado de libertad por falsificación de un pasaporte extranjero.

Vuelvo a lo afirmado inicialmente: estamos muy lejos de ser los impolutos del continente. Vamos mal, y terminaremos peor si no se toma conciencia de que aquello del país de primera no es más que un eslogan fallido.

La verdadera gravedad no radica únicamente en los errores, sino en la persistente hipocresía política que, aun frente a la evidencia, elige no ver. Porque cuando el poder decide mirar hacia otro lado, deja de ser ingenuidad y pasa a ser complicidad. Y cuando la complicidad se normaliza, el deterioro institucional deja de ser una advertencia para convertirse en destino.