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Sabemos que estamos ante un asunto extremadamente delicado. Hablar de fallecimientos, de familias que atraviesan un dolor inmenso y de cuestionamientos sobre la atención en un centro de salud exige sensibilidad y mucho respeto. No corresponde emitir juicios apresurados sobre hechos que deben investigarse. Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado cuando crece la preocupación y se acumulan preguntas sin respuestas claras. Lo que ocurre en el Hospital Regional Salto merece una respuesta institucional. Lamentablemente, la gestión de la Dirección deja mucho que desear. Cuando hay familias reclamando explicaciones y usuarios expresando temor, la obligación de las autoridades es informar, escuchar y actuar con transparencia. El silencio y las respuestas insuficientes profundizan la incertidumbre.

Las expresiones de la directora del nosocomio, al manifestar que está «curada de espanto» frente a los fuertes reclamos, tampoco contribuyen a transmitir la serenidad y sensibilidad necesaria. No se trata de desconocer la presión de quienes tienen responsabilidades de conducción, sino de comprender que detrás de cada reclamo hay familias que necesitan respuestas.

La responsabilidad tampoco termina en la Dirección del Hospital. La gestión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, es cada vez más dudosa y deja muchísimo que desear. La rebaja de cinco a tres años de la inhabilitación de una anestesista condenada por homicidio culposo, la renuncia de once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública y el posterior cuestionamiento jurídico de Presidencia, que calificó de arbitraria aquella reducción, son hechos demasiado graves para ignorarlos. La marcha atrás posterior no borra la responsabilidad política ni el daño a la confianza que estas decisiones provocaron.

La preocupación trasciende a Salto. Cuando se instala la duda sobre la atención, los procedimientos y la información que reciben pacientes y familias, se resiente la confianza en el sistema de salud uruguayo, público y privado.

Hacemos también un llamado a la mesura. La indignación es comprensible, pero debemos evitar que el dolor y la incertidumbre nos conduzcan a situaciones de las que después podamos arrepentirnos. Exigir responsabilidades e investigaciones no significa condenar anticipadamente a nadie. Significa defender el derecho de las familias a saber qué ocurrió y de los trabajadores de la salud a que su actuación sea evaluada con seriedad y justicia.

Como edil departamental y representante de los salteños, escuchando la voz de nuestros vecinos, presentamos una solicitud para que la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental invite a la Dirección del Hospital Regional Salto a comparecer. El objetivo es que brinde información, responda las inquietudes y abra un canal de comunicación entre la población y las autoridades del centro asistencial.

No buscamos alimentar la confrontación. Buscamos información, transparencia y respuestas. Queremos contribuir a restablecer la calma y la confianza en nuestro hospital y en los profesionales que allí trabajan.

Salto merece tranquilidad. Los salteños merecen ser escuchados y contar con la información necesaria. Las familias merecen respeto y respuestas. Las autoridades tienen la obligación de estar a la altura.

Como representante de nuestra gente, haré todo lo que esté a mi alcance para que los salteños reciban la calma, la tranquilidad y el respeto que se merecen. Porque la confianza no se exige: se construye con hechos, transparencia, compromiso y responsabilidad.

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