Resulta alarmante, desconcertante y profundamente indignante atestiguar cómo los recintos que deberían erigirse como los baluartes más firmes de la democracia y el debate plural se convierten, por obra de decisiones autoritarias, en trincheras de censura. Repudiamos con todas nuestras fuerzas y de manera categórica la reciente directiva emanada desde las autoridades del Palacio Legislativo, mediante la cual se instruyó al personal de la casa de las leyes a intimar a los periodistas a exhibir un carné de prensa para poder realizar su labor.

¿Cómo es posible ignorar este atropello flagrante? ¿En qué momento se normalizó que un edificio público, sostenido por el esfuerzo de toda la ciudadanía, imponga aduanas ideológicas o burocráticas al ejercicio de informar? La medida no es solo un exceso administrativo; es un ataque directo a los cimientos republicanos que garantizan el derecho de la sociedad a recibir información libre y sin filtros interesados.

¿De qué carné hablamos para ejercer el periodismo? La historia contemporánea y los tratados internacionales más elementales sobre derechos humanos son claros: el periodismo no es un privilegio concedido por la gracia del gobernante de turno ni una franquicia regulada por carnés partidarios o credenciales corporativas. El periodismo es una función social consustancial al sistema democrático. Exigir una "acreditación para grabar" o un carné específico para habilitar la cobertura informativa dentro de la sede del Poder Legislativo es un eufemismo inaceptable para ocultar un acto de censura previa y control discrecional de la agenda pública.

¿Qué es eso de pedir un carné? ¿Acaso solo los periodistas amigos del poder, aquellos complacientes con la versión oficial, tienen el derecho de hacer preguntas a los gobernantes y documentar la realidad? ¿Se pretende acaso acallar las voces incómodas, silenciar la investigación independiente y convertir el escrutinio legislativo en un monólogo institucional coreografiado a la medida de los intereses de la dirigencia? Hemos visto con estupor cómo se ha llegado al extremo de ordenar a los trabajadores de prensa que apaguen sus micrófonos dentro de un edificio que pertenece al pueblo, bajo el pretexto de cumplir órdenes de superiores que parecen haber extraviado el sentido republicano de sus cargos.

Es insostenible suponer que estas directivas ocurran en el vacío. Las autoridades políticas que conducen el Palacio Legislativo y, de manera muy especial, la presidenta de la Asamblea General, tienen la obligación ineludible de dar explicaciones públicas, claras y de inmediato. El silencio cómplice o las justificaciones burocráticas no hacen más que agravar la gravedad institucional de los hechos. No se trata de un malentendido menor ni de un exceso aislado de personal subalterno; estamos ante una línea de conducta que vulnera de forma deliberada el libre acceso a la información y el derecho constitucional de la ciudadanía a saber qué hacen y qué dicen sus representantes.

Un Parlamento cerrado a la fiscalización ciudadana es, por definición, un Parlamento que teme a la verdad. La labor de la prensa no necesita el beneplácito del poder político para legitimarse; se legitima en la calle, en la fiscalización constante y en el compromiso inclaudicable con la verdad de los hechos. Permitir que se naturalicen estas prácticas de amedrentamiento y control equivale a pavimentar el camino hacia el autoritarismo.

Por todo esto, exigimos una rectificación urgente, la anulación inmediata de cualquier directiva restrictiva que vulnere la labor periodística y una investigación transparente sobre las responsabilidades políticas de este incalificable episodio. La democracia se debilita cada vez que se intenta silenciar a quienes tienen la misión de fiscalizarla.