La reciente decisión del gobierno nacional de incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de patrullaje y apoyo preventivo en materia de seguridad pública abre un debate profundo, no solo sobre la estrategia de combate al delito, sino también sobre la coherencia política de quienes hoy gobiernan Uruguay. Seamos claros: frente al avance del narcotráfico, el aumento de la violencia y la consolidación de territorios dominados por organizaciones criminales, resulta razonable analizar todas las herramientas institucionales disponibles para recuperar el control territorial. Si la gravedad del problema exige una participación más activa de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad interna, esa discusión debe darse con seriedad, responsabilidad y, sobre todo, mediante la creación de un marco legal claro que delimite competencias, responsabilidades y controles democráticos.

El problema no radica únicamente en la medida en sí. El verdadero problema es la monumental contradicción política del actual gobierno.
Durante décadas, el Frente Amplio construyó un discurso profundamente crítico hacia cualquier intento de ampliar el rol del Ejército en asuntos de seguridad interna. Más aún: convirtió la crítica a las Fuerzas Armadas en una bandera ideológica, muchas veces alimentando una demonización sistemática de la institución militar, asociándola casi exclusivamente al oscuro período de la dictadura cívico-militar de 1973 a 1985. Esa narrativa llevó, en no pocas ocasiones, a des legitimar el rol actual del Ejército dentro del sistema republicano, ignorando deliberadamente su transformación institucional en democracia.

Cada vez que los gobiernos de los partidos tradicionales plantearon reforzar la seguridad con apoyo militar, el Frente Amplio reaccionó con dureza. El argumento era siempre el mismo: las Fuerzas Armadas no debían involucrarse en tareas de seguridad interna porque ello implicaba riesgos institucionales, jurídicos y democráticos. Hoy, sin embargo, ese mismo Frente Amplio impulsa medidas que en el pasado condenó.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se recuerdan las declaraciones del actual Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien años atrás fustigó duramente cualquier propuesta orientada a incorporar militares en tareas vinculadas a la seguridad pública, afirmando que quienes pretendían tal cosa, tenían nostalgia de la dictadura. Lo que antes era catalogado como un retroceso institucional, hoy parece haberse convertido en una herramienta válida de gestión.

¿Qué cambió? ¿La convicción política o la realidad que no pudieron controlar? La respuesta parece estar en la evidencia más incómoda para el gobierno: su notoria ineficiencia en la lucha contra el delito y el narcotráfico. A meses de gestión, los resultados son preocupantes. La criminalidad continúa golpeando con fuerza, el narcotráfico mantiene capacidad operativa y el control territorial del Estado sigue siendo débil en zonas particularmente vulnerables. Cuando un gobierno que prometió soluciones estructurales termina recurriendo a herramientas que antes demonizaba, lo que queda expuesto no es una evolución doctrinaria madura, sino una administración desorientada, reactiva y sin rumbo claro.

Gobernar exige coherencia. Cambiar de posición no es un pecado político si ese cambio se explica con honestidad intelectual. Lo que sí resulta inaceptable es la hipocresía de condenar una medida cuando la impulsa el adversario y adoptarla cuando la realidad desborda la capacidad de gestión propia.

La ciudadanía debe tomar nota. La memoria política no puede ser selectiva ni frágil. Los uruguayos debemos recordar quiénes rechazaban enfáticamente estas medidas, quiénes sembraban temor ideológico frente a cualquier discusión seria sobre seguridad y quiénes hoy, desde el poder, hacen exactamente aquello que antes combatían. Uruguay no puede permitirse gobiernos atrapados entre la improvisación, la ineficiencia y la contradicción. Por eso, cuando llegue el momento de volver a las urnas, será fundamental votar con memoria, claridad y sentido crítico. Porque un país no solo se perjudica por malas decisiones. También se debilita cuando quienes gobiernan abandonan la coherencia y convierten la política en un ejercicio permanente de contradicción.