En primer lugar, digamos que el escenario actual de la intendencia de Salto es de un exceso de funcionarios intolerable. Estamos hablando del entorno de los 2.000 que a todos los efectos, son presupuestados, designaciones directas, monotributistas, cooperativas de trabajo. Notoriamente un exabrupto desde todo punto de vista y además como fue evidente durante los dos períodos de la Dinastía Lima los ingresos fuern de carácter netamente político: militantes, dirigentes sectoriales, blancos y colorados comprados al mejor postor, mercenarios que formaron la tropa de punteros del intendente o simplemente mano de obra barata de la estructura política oficialista. Es decir, fueron muchos los nombrados a dedo por el intendente Lima. Muchos de los cuales se sabía que se trataba de una "beca" de trabajo que duraba el tiempo de permanencia del intendente en el poder.

En segundo lugar, de los 300 que fueron ingresados sobre casi el final del período y ratificados en su permanencia en el municipio por un convenio colectivo suscripto por ADEOMS comandado por Juan Carlos “Cholin” Gomez, no están sujetos a la ley formal y legal de manera alguna. Existe una clara inhibición constitucional de contratar personal en pleno proceso electoral corriente. Pero además el que entra por designación directa con el intendente se va con el irremediablemente y cualquier cosa en contrario es mala praxis, trampa o engaño. Pero entonces aparece en funciones “Cholin” operador político activo y definitivo que contribuyó en la caída del ex intendente Germán Coutinho y luego paso a cuchillo sin anestesia a 250 funcionarios heredados  de la administración colorada para luego de dos períodos seguidos actuar de manera absolutamente en contrario y pretender sostener a contra natura la permanencia de 293 funcionarios en la plantilla respectiva que no corresponden de ninguna manera. Antes había pasado a degüello a presuntamente colorados y ahora apaña impunemente a compañeros frentistas.

En tercer lugar, la crisis económica financiera de la intendencia de Salto es terminal. El destino al rubro cero y gastos fijos está aproximadamente en el 90% del presupuesto: es decir que casi todos los recursos estarían comprometidos solo para pagar los salarios del personal. Desde luego que los recursos propios y genuinos de la intendencia no son suficientes por si solos para financiar los sueldos mensualmente. Con estos niveles de gasto comprometidos mensualmente se verá que es casi imposible pagar la deuda corriente del municipio y mucho menos destinar recursos para la realización de obras para la ciudad, ni grandes ni chicas. En este marco, los salteños fueron testigos, en el primer mes de la nueva administración de Albisu, de las dificultades para conseguir el dinero para el pago de salarios correspondiente al mes de Julio. Veremos qué pasará en adelante… en este contexto es imposible pensar que se pueda seguir financiando como si nada pasara a 293 becarios de Lima que pretenden quedarse y suponen una erogación catastrófica para las arcas de la intendencia.

Son demasiados, se llevan todos los recursos disponibles, no hay plata para pagarles, su permanencia es ilegal y son la frutilla de la torta que nos dejaron los Lima en la intendencia- ¿Que mas?