La decisión tomada y en proceso de implementación por el gobierno departamental de Salto, de cesar a 291 funcionarios designados en forma directa durante la última etapa de la administración del ex intendente Andrés Lima, marca un punto de quiebre en la relación entre la actual gestión y el sindicato municipal. No se trata de una medida menor: está en juego no solo la situación de cientos de familias, sino también la credibilidad de las instituciones y el delicado equilibrio entre legalidad, política y justicia social. Es evidente que la resolución de la Intendencia no surge de un capricho ni de un repentino ánimo de confrontación. El propio director de Gestión Humana, Alejandro Secco, lo sintetizó con claridad al afirmar que se trata de “corregir algo mal hecho”. La referencia apunta al mecanismo de ingreso directo aplicado en el último año electoral de la gestión Lima, un período en el que, históricamente, se ha prestado a maniobras de clientelismo y promesas laborales que hipotecan la sustentabilidad de la administración entrante.

Ahora bien, la reacción de Adeoms era previsible. El sindicato acusó a la Intendencia de falta de empatía y sensibilidad, calificando el cese como un “profundo error político y jurídico”. Ayer, asamblea mediante decidió realizar hoy, entre las 10 y 12 horas un paro parcial, con concentración ante la sede municipal del Palacio Córdoba, como protesta por los ceses, que han sido anunciados, pero aun no efectivizados. Resta la comunicación oficial a los que la medida alcanza.  Así se concreta el conflicto, que recién comienza. 

Pero no puede pasarse por alto que el mismo sindicato ha defendido privilegios difícilmente explicables, como el caso de su dirigente que admitió no haber trabajado durante diez años gracias a licencias sindicales. Ese antecedente debilita, al menos en parte, la legitimidad de sus reclamos actuales.

Lo cierto es que, más allá del dramatismo del momento, el asunto obliga a poner sobre la mesa dos discusiones de fondo. La primera es el uso del aparato estatal para fines electorales. Incorporar a casi 300 funcionarios en un año electoral no puede leerse de otro modo que como una maniobra política, cuyas consecuencias recaen luego en toda la ciudadanía. La segunda discusión refiere a la concepción de empleo público: ¿es un derecho adquirido por la vía de un nombramiento cuestionable, o debe ceñirse estrictamente a los principios de transparencia, igualdad y legalidad?

La Intendencia, al resolver los ceses, envía un mensaje claro: la institucionalidad debe primar sobre el clientelismo. Y en ese punto tiene razón. Sin embargo, la forma en que se implementa una medida de este alcance también importa. 

No es suficiente ampararse en la legalidad; es necesario atender al costado humano, a la angustia de las familias que, de un día para el otro, se ven privadas de su sustento. La falta de un comunicado oficial oportuno y la ausencia de explicaciones públicas generan un vacío que solo alimenta la desconfianza.

El desafío, entonces, no es solo corregir lo que se considera mal hecho, sino hacerlo con transparencia, sensibilidad y una hoja de ruta clara. No se trata de negociar prebendas ni de sostener privilegios sindicales indefendibles, pero tampoco de reducir un tema tan delicado a un expediente administrativo.

Los 291 ceses en Intendencia, deben ser un llamado de atención a toda la dirigencia política. Porque si las intendencias se convierten en refugios laborales de ocasión, cada cambio de gobierno nos llevará a un escenario de conflictos, como ya pasa por segunda vez, además de incertidumbre y desencanto ciudadano. La verdadera responsabilidad es fortalecer la institucionalidad, aún cuando ello implique decisiones dolorosas.