La creación de un Ministerio de Justicia en Uruguay, viene siendo por estos días uno de los temas más discutidos en el ámbito político nacional. Una discusión que también se está trasladando, y es lógico y bueno que así sea, a otros niveles de la sociedad: el boliche de la esquina, la peluquería o la parada de ómnibus. Aunque conviene advertir, que en muchos de estos ambientes, no parece haber los suficientes elementos válidos para que la discusión tenga verdadera solidez. Es entonces que, realmente, se escucha de todo.

No nos creemos conocedores de todos esos elementos ni mucho menos. Es más, reconocemos que hay un montón de cosas que no tenemos claras (como la mayoría de los uruguayos, creo). Pero en fin, con lo que tenemos a mano, con lo que hemos podido recoger y razonar, arriesgamos la siguiente opinión.

La creación de un Ministerio de Justicia en nuestro país, en teoría, puede parecer una propuesta valiosa y puede seducir y deslumbrar a muchos: implicaría (según se ha dicho por ahí) “modernizar, coordinar y fortalecer el acceso a la justicia, mejorar la institucionalidad y profesionalizar las políticas públicas del sector”. Pero en la práctica, cuando observamos el contexto político e institucional actual, la idea adquiere un matiz preocupante. No es momento. Y sobre todo: no con estos actores que tenemos hoy en escena.

No se trata de oponerse a la idea por motivos ideológicos. Se trata de prudencia democrática, ni más ni menos, y no es poca cosa. Un Ministerio de Justicia supone concentración de poder en una materia muy delicada. Supone capacidad de incidir (de forma más o menos directa, se vería llegado el momento) sobre la Fiscalía, sobre el sistema penitenciario, sobre procesos judiciales en general. Y en un país donde se están acumulando señales de presión política sobre fiscales (porque a eso lo vemos todos, ¿verdad?), el riesgo no es menor.

Fíjese que el fiscal Perciballe ha hablado bastante últimamente en medios de comunicación, y no con ligereza. Habló de presiones, de traslados que interrumpieron investigaciones sensibles, de retrocesos profesionales sin explicación clara. Habló de maniobras que entorpecieron causas vinculadas al crimen organizado; y aunque no tenga “evidencias” directas (tampoco es su rol investigarlas), los hechos narrados son concretos y verificables. El oficialismo, en lugar de abrir los oídos, respondió con un blindaje político imponente.

Cabría preguntarse entonces qué señales estamos dando, si el Parlamento protege al poderoso y silencia al fiscal… Además, ¿qué garantías hay de que un eventual Ministerio de Justicia no se use como una herramienta de control político de la Justicia? ¿Y qué pasaría si ese poder cayera en manos de alguien con antecedentes de intervenir institucionalmente, como Jorge Díaz? Parece nefasto por donde se lo mire. Parece un atentado a la democracia. Ese es el problema de fondo.

La democracia no necesita más estructuras si no tiene antes los componentes necesarios para que funcione con transparencia. En eso habría que trabajar con todo el esfuerzo. Hoy, lamentablemente, da la impresión que algunos de esos elementos están debilitados. Por eso primero, antes que crear un Ministerio de Justicia, sería bueno (y necesario) garantizar primero la independencia de la justicia que ya tenemos.

Palabras más o palabras menos, el senador Andrés Ojeda ha dicho que crear este ministerio hoy, “sería como invitar al zorro a cuidar el gallinero”. ¿Con qué necesidad?