El 20 de mayo de 1976 quedó grabado para siempre como una de las fechas más oscuras y dolorosas de la historia contemporánea del Uruguay. Ese día, en Buenos Aires, fueron secuestrados, torturados y asesinados los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, víctimas de la maquinaria criminal del terrorismo de Estado que operó bajo el amparo de las dictaduras del Cono Sur. Sus cuerpos aparecieron abandonados dentro de un automóvil, maniatados y acribillados a balazos. Aquella escena sintetizó el grado de degradación moral al que puede llegar un régimen cuando el poder se coloca por encima de la ley, de la dignidad humana y de la vida.

No existe argumento político, ideológico ni militar capaz de justificar semejante barbarie. El terrorismo de Estado constituye una de las formas más cobardes y aberrantes de violencia, porque utiliza los recursos y las instituciones que deberían proteger a la ciudadanía para perseguir, secuestrar, torturar y eliminar a quienes consideran adversarios. Bajo aquellas dictaduras, oscuros individuos se creyeron dueños de la vida y de la muerte, destruyendo garantías, sembrando miedo y dejando heridas que aún atraviesan a la sociedad uruguaya y latinoamericana.

Desde la recuperación democrática, el Uruguay ha debido enfrentar el desafío de mantener viva la memoria de aquellos años para impedir que el horror vuelva a repetirse. Durante décadas, periodistas, militantes políticos, organizaciones sociales y familiares de las víctimas denunciaron las atrocidades cometidas por los gobiernos de facto y reclamaron verdad y justicia. No sólo se castigó brutalmente a quienes eran considerados enemigos políticos; también se condenó a familias enteras a la angustia interminable de no saber el destino de sus seres queridos. La desaparición forzada fue, además de un crimen, una forma de tortura prolongada contra toda la sociedad.

Zelmar Michelini encarnó el compromiso democrático y la defensa de las libertades públicas. Abogado, periodista y dirigente político de vasta trayectoria, comenzó militando en el batllismo y rápidamente se destacó por su inteligencia y capacidad de liderazgo. Wilson Ferreira Aldunate lo definió como “un muchacho brillante” que siempre intentaba aportar “cordura y serenidad”. Fue diputado, senador, ministro y uno de los fundadores del Frente Amplio. Tras el golpe de Estado de 1973 debió exiliarse en Buenos Aires, desde donde continuó denunciando internacionalmente las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura uruguaya. Esa valentía tuvo un costo brutal.

Héctor Gutiérrez Ruiz, por su parte, representó otra tradición democrática igualmente comprometida con la libertad y las instituciones republicanas. Militante nacionalista, dirigente del movimiento Por la Patria y presidente de la Cámara de Representantes al momento del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, defendió hasta el final el orden constitucional. También debió exiliarse en Argentina, donde fue perseguido por el aparato represivo coordinado entre las dictaduras de la región. Su asesinato confirmó que el terrorismo de Estado no reconocía fronteras ni límites.

Quienes participaron, fueron cómplices o encubridores de esas acciones enlodaron el uniforme militar y traicionaron los valores que decían defender. Ninguna institución democrática puede tolerar que, en nombre de la seguridad o del orden, se pisoteen los derechos humanos.

A cincuenta años de aquellos hechos, la memoria sigue siendo una obligación ética y cívica. Recordar a Michelini y a Gutiérrez Ruiz no implica abrir heridas: significa impedir el olvido y reafirmar un principio irrenunciable. Las democracias pueden y deben enfrentar sus conflictos dentro de la ley, respetando siempre las libertades públicas y la dignidad humana. Cuando el Estado se convierte en verdugo, toda la sociedad termina siendo víctima.

Por eso, hoy como ayer, corresponde condenar con la mayor firmeza el terrorismo de Estado y homenajear a quienes defendieron la democracia aun en las horas más sombrías. La memoria, la verdad y la justicia no son consignas del pasado: son condiciones indispensables para preservar la libertad y garantizar que el “Nunca Más” sea una convicción permanente de toda la sociedad uruguaya.