Hay episodios que trascienden la anécdota y se convierten en una prueba de carácter para todo un gobierno. Lo ocurrido con la secretaria de Derechos Humanos, Collette Spinetti, es uno de ellos. No estamos ante un simple exabrupto ni frente a una polémica pasajera: estamos ante una acumulación de hechos y declaraciones que resultan incompatibles con la responsabilidad institucional que ostenta.

Los audios difundidos son, por donde se los mire, inadmisibles. No solo por el contenido discriminatorio —donde califica de “pu...” al subsecretario Federico Graña y tilda de “machirulitos gays” tanto a él como al ministro Gonzalo Civila— sino porque revelan una concepción profundamente contradictoria con los valores que debería encarnar quien dirige una Secretaría de Derechos Humanos. No hay matiz posible: ese lenguaje es inaceptable en cualquier ámbito, pero resulta directamente descalificante en quien tiene la misión de promover la igualdad, combatir la discriminación y proteger a las minorías.

A esto se suma un estilo de conducción autoritario y preocupante. En una reunión con su equipo, Spinetti no dudó en marcar distancia de forma tajante: “Yo acá soy la jerarca y ustedes son los trabajadores”. No se trata de una cuestión de formalidad jerárquica —que es obvia en cualquier estructura estatal— sino de una forma de ejercer el poder basada en la intimidación y la verticalidad extrema, impropia de un espacio que debería promover el diálogo, la sensibilidad y la construcción colectiva.

Más grave aún es su propia confesión sobre cómo accedió al cargo. Al afirmar que su designación surgió de “una conversación” con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, no solo erosiona la legitimidad de su nombramiento, sino que instala una sombra innecesaria sobre los criterios de selección en un área especialmente delicada. En lugar de respaldar su rol en trayectoria, idoneidad o compromiso, lo reduce a un vínculo personal. Y eso, en términos institucionales, es demoledor.

El cuadro se completa con antecedentes que no pueden ser ignorados. Su expulsión del sector Participación, Acción e Integración Social, que además se desmarcó explícitamente de su designación, evidencia que las dudas sobre su perfil no son nuevas. A ello se suma el rechazo político que ya ha generado, como el pedido de renuncia impulsado por el diputado Felipe Schipani, quien, con acierto, señaló la incompatibilidad entre estos antecedentes y el ejercicio del cargo.

Algunos intentarán relativizar lo ocurrido alegando que los audios son privados o previos a su asunción. Es un argumento débil. Quien expresa de forma tan explícita desprecio, prejuicio y autoritarismo no cambia por decreto al asumir un cargo. Las convicciones no se suspenden al cruzar la puerta de una oficina pública. Y en este caso, lo que ha quedado expuesto es una forma de pensar que choca frontalmente con la esencia misma de los derechos humanos.

Por eso, el silencio o la inacción no son opciones. El presidente Yamandú Orsi enfrenta una decisión que definirá mucho más que el destino de una funcionaria. Está en juego la credibilidad de su gobierno en materia de derechos humanos. Mantener a Spinetti en su cargo sería convalidar, aunque sea indirectamente, estos comportamientos. Sería enviar una señal peligrosa de tolerancia frente a la discriminación y el abuso de poder.

Uruguay no puede permitirse ese retroceso. La Secretaría de Derechos Humanos debe ser un faro ético, no un foco de controversias. Debe estar liderada por alguien que represente sin fisuras los valores que proclama.

Mientras estas líneas se escriben, Spinetti continúa en funciones. Esa continuidad no es neutral: es una omisión que erosiona la confianza pública. La respuesta debe ser clara y urgente.

La permanencia de Collette Spinetti es insostenible. El presidente Orsi tiene la responsabilidad de exigir su renuncia o disponer su cese inmediato. No por oportunismo político, sino por coherencia institucional. Porque hay límites que no se negocian. Y este es, sin duda, uno de ellos.