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La discusión sobre UTE y su finalidad social no debe quedar en una evocación histórica. Si en la primera entrega recordábamos que José Batlle y Ordóñez concebía los resultados de las Usinas del Estado como un instrumento para extender el servicio y abaratarlo, hoy corresponde avanzar hacia una propuesta concreta: estudiar e implementar en Uruguay un mínimo vital de energía eléctrica, siguiendo una experiencia que España puso en práctica en 2008.

La energía en España

A partir del 1.º de julio de aquel año, España estableció que los primeros 12,5 kilovatios hora de consumo mensual de cada hogar quedaran exentos del cargo por energía. No era una ayuda reservada a quienes demostraran pobreza ni dependía de estar inscripto en un programa social. Se aplicaba a todos los consumidores domésticos. Si una familia consumía menos que ese mínimo, debía pagar igualmente el componente fijo de potencia, salvo que reuniera las condiciones de la tarifa social, que exoneraba ese cargo. Para los consumos superiores a 500 kWh mensuales se establecía, además, un recargo sobre el excedente.

El mínimo gratuito no significaba que la factura entera desapareciera ni que toda la electricidad fuera gratis. Se reconocía un pequeño tramo básico sin costo de energía y se cobraba el consumo restante de acuerdo con la tarifa correspondiente. En 2009, con la reorganización del mercado eléctrico y la implantación de la Tarifa de Último Recurso, aquel mínimo universal fue sustituido por otros instrumentos, entre ellos el bono social.

El mínimo vital en Uruguay

¿Por qué estudiarla en Uruguay? Porque la electricidad es un servicio imprescindible y porque nuestro país dispone de condiciones diferentes a las de comienzos del siglo pasado. En 2024, cerca del 99% de la generación eléctrica nacional provino de fuentes renovables. No significa que producir y distribuir electricidad carezca de costos, pero sí que existe una base energética que merece traducirse también en beneficios para los hogares.

UTE cuenta, además, con resultados económicos positivos de magnitud. La memoria de 2024 informó una ganancia atribuible de casi 12.000 millones de pesos, y los resultados divulgados para 2025 superaron los 13.000 millones. Precisamente por eso reclamamos un estudio técnico y económico serio: determinar qué volumen de consumo básico podría reconocerse, cómo financiarlo y cómo evitar que su costo se traslade injustamente a otros usuarios.

Ya existen algunas bonificaciones

En Uruguay existen descuentos focalizados, como el Bono Social destinado a hogares vinculados a determinados programas y colectivos vulnerables. También se han anunciado bonificaciones específicas para jubilados y estudiantes que cumplen ciertos requisitos. Una familia trabajadora, un jubilado que no califica para un beneficio o un hogar de ingresos modestos que supera por poco los requisitos puede enfrentar la misma necesidad elemental de electricidad sin recibir ese apoyo.

Adherimos a la idea de establecer un tramo básico de consumo eléctrico protegido para todos los hogares, con un diseño responsable y gradual. El objetivo no es premiar el derroche, sino asegurar que la iluminación, la conservación de alimentos y las necesidades domésticas esenciales no se conviertan en una carga desproporcionada.

Estudiar su implementación

Reclamamos, por eso, que el Poder Ejecutivo, UTE y los organismos competentes estudien prontamente su implementación y presenten una propuesta. No pedimos copiar mecánicamente una norma española de hace casi dos décadas. Un mínimo vital de electricidad, compatible con la sostenibilidad financiera del ente y evaluado con participación ciudadana y transparencia pública, sería una manera concreta de actualizar los postulados batllistas: que la energía producida bajo responsabilidad pública esté al servicio de la gente y que los frutos del sistema beneficien, efectivamente, a toda la sociedad.

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