Un Ministerio de Justicia en tela de juicio
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Por el Dr. Pablo Ferreira Almirati
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estudioferreiraalmirati@gmail.com

El tema de estos días parece ser: Ministerio de Justicia sí o Ministerio de Justicia no. La creación de este nuevo ministerio estaba prevista en los programas de gobierno de ambas coaliciones. Sin embargo, aunque existía esa previsión, no se contenía detalle alguno que pudiera informar —a los pocos lectores de las promesas de campaña— el cometido real de dicho ministerio. Es paradójico pero real: se coincidía en la creación, pero el contenido normativo era casi inexistente. Me pregunto ahora que la discusión está sobre la mesa y las visiones son diametralmente opuestas: ¿se puede invocar que alguien incumplió una promesa si vota negativamente el proyecto de creación de este ministerio? La respuesta es no, dado que, en realidad, no coincidían en nada. Las verdaderas coincidencias deben estar en la legislación que regula los cometidos y poderes de la institución, no en su denominación.
La coalición multicolor, a través de dirigentes blancos y colorados, se ha manifestado contraria a la creación del ministerio. Javier García fue muy enfático al respecto y manifestó en su cuenta de X: “No están dadas las condiciones políticas para crear un Ministerio de Justicia”. Y agregó: “El gobierno del Frente Amplio, con los antecedentes que tiene en relación a la Fiscalía y Díaz, no da garantías de respetar la independencia del Poder Judicial”. García también se opuso a la expansión del aparato estatal: “No estoy de acuerdo en que el Estado siga ampliándose con la creación de más ministerios”. En filas coloradas, el panorama es más negativo aún: la mayoría de los dirigentes se oponen a la creación del ministerio. ¡Todo ello, a pesar de que aún no se sabe qué ministerio se va a crear!
Ahora bien, según informaciones periodísticas, uno de los cometidos principales de la creación sería unificar organismos actualmente dispersos en la órbita del Estado, tales como Derechos Humanos, Cárceles, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay), entre otros. El objetivo, según el oficialismo, es que la unificación de estas reparticiones fortalecería la especificidad de los poderes del Estado.
Creo que el problema no radica en que dichos organismos estén dispersos, sino en el presupuesto que tienen para operar. Esto no se solucionará con la creación del ministerio. Por el contrario, se dispersarán aún más los recursos en una nueva secretaría, recursos que son necesarios para el buen funcionamiento de todas y cada una de esas reparticiones. El ministerio implicará un presupuesto adicional: instalaciones, personal, sueldos de ministros, secretarios, asesores y todo lo que sabemos que insume la creación de nuevos organismos. Esos recursos podrían, en cambio, destinarse a mejorar la gestión actual. Basta con escuchar a los jerarcas, como el comisionado parlamentario, suplicando por cárceles más dignas y seguras, o a la JUTEP pidiendo fondos para su funcionamiento. La creación de este ministerio restaría recursos imprescindibles para esos fines.
Finalmente, no puede soslayarse la desconfianza de la oposición respecto a la gestión del Dr. Jorge Díaz al frente de la Fiscalía General de la Nación. Se pretende cerrarle el paso y evitar que ocurra en el nuevo ministerio lo que —según se denuncia— sucedió en Fiscalía. Justamente cuando surgen estas resistencias contra Díaz, aparece en escena el fiscal letrado especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien realiza acusaciones gravísimas que podrían dar lugar a una nueva investigación sobre jerarcas de esta administración. Tratándose de dos figuras clave del sistema judicial —uno de los cuales ya renunció—, podríamos estar frente a uno de los casos más dramáticos de nuestra justicia: o Perciballe miente, o Díaz estuvo involucrado en los hechos que aquel denuncia.
En tiempos donde el descrédito hacia las instituciones crece, una justicia bien estructurada, independiente y eficaz no solo es garantía de derechos, sino también esperanza para los pueblos. Dejemos que el Poder Judicial se encargue de la justicia, respetemos la división de poderes y así tendremos una mejor república.
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