Hace unos días, el ministro del Interior, Carlos Negro, tuvo un accidente de tránsito en Montevideo y chocó contra un motociclista. Son cosas que pueden pasar. Nadie está libre de cometer un error. Lo que llamó la atención fue que el ministro circulaba con la licencia de conducir vencida. La sanción fue una multa de seis unidades reajustables, unos diez mil pesos, y un plazo de dos meses para ponerse al día con la libreta. Además, pidió disculpas en el Parlamento. Eso se valora. Reconocer el error siempre es mejor que esconderlo.

Ahora bien, miremos lo que pasa todos los días en el interior del país. Antes de fin de año, el Ministerio del Interior anunció un gran operativo nacional de control de motos junto a la UNASEV. Desde enero, esos controles se ven con fuerza en Salto. Están en muchos barrios y a distintas horas.

En un solo día, en un solo operativo, se llegaron a retener unas 60 motos. Sesenta personas se quedaron sin su vehículo de un momento a otro. Sin plazos, sin advertencias, sin margen para explicar nada. Moto al camión y a seguir a pie. Para muchos, esa moto no es un gusto: es la forma de ir a trabajar, de llevar a los hijos, de ganarse el día.

Seamos claros: controlar está bien. Nadie defiende las motos sin luces, sin frenos o a quienes hacen picadas o maniobras peligrosas. Eso es un riesgo para todos. Los controles ayudan y pueden salvar vidas. Esta crítica no va dirigida a los policías que están en la calle haciendo su trabajo. Ellos cumplen órdenes. La crítica es para quienes toman las decisiones desde los escritorios: el Ministerio del Interior y la UNASEV.

Y acá aparece la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué al ministro se le da tiempo para arreglar su situación y al trabajador común se le saca la moto en el acto? ¿Por qué hay paciencia para unos y dureza para otros? El mensaje que queda es feo: para los de arriba, las reglas son más suaves; para los de abajo, todo es castigo inmediato.

Esto no pasa solo con el tránsito. En Salto se investigaron irregularidades en permisos de armas y hay decenas de expedientes en la Justicia. ¿Quién firma esos permisos? Los jefes. ¿Quién termina pagando? Los funcionarios más chicos. Siempre cae el más débil. A los que mandan, casi nunca los tocan. Esto se ve, se comenta y genera malestar.

Un accidente puede pasar y una disculpa vale. Lo que sí se pide es coherencia. Si el Estado aplica controles duros en la calle, que los aplique también hacia adentro. Nada de plazos especiales ni sanciones suaves para los jerarcas.

La ley tiene que ser igual para todos. Si a un ministro se le dan 60 días para regularizar su libreta, al trabajador que usa la moto para vivir también. O mejor aún, que se empiece dando el ejemplo desde arriba.

Uruguay es un país chico y estas diferencias se notan rápido. El vecino ve que a uno lo multan y listo, y a otro le sacan la moto por meses. Eso genera bronca y desconfianza. La seguridad vial empieza por casa. Controlar está bien, pero con una sola vara. Cuando la ley se aplica igual para todos, la gente lo entiende y lo respeta. Eso, al final, es lo que de verdad ayuda a cuidar vidas.